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Jorge Chueco finalmente será indagado esta mañana por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por la ruta del dinero K. Se trata del abogado asesor del empresario Lázaro Báez, que estuvo prófugo de la Justicia la última semana, y escapó a Paraguay, donde fue apresado por las fuerzas de seguridad. Sus abogados, expertos en lavado de dinero, preparan una defensa para evitar que continúe detenido.
La posibilidad de que sea excarcelado parece mínima, teniendo en cuenta que el antecedente más reciente es justamente una fuga, donde dio una insólita explicación acerca de por qué atravesó la frontera sin documentación: “Lo hacen miles de personas”. Por eso, Casanellofirmaría la prisión preventiva.
Chueco fue imputado por Casanello el lunes pasado y trasladado a Buenos Aires. Hoy se presentará a la indagatoria acompañado de sus abogados, Juan Martín Cagni Fazzio y Ezequiel Altinier. No se descarta que presenten un escrito a modo de defensa, y que se niegue a contestar las preguntas del magistrado.
El letrado intervino en la operación de compra de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, por parte de Pérez Gadín a Federico Elaskar, quien luego dijo por televisión, en 2013, que se la habían robado bajo amenazas. La Rosadita es donde se contaban los dólares por los que ya fueron procesados por lavado de activos Báez, su hijo y otros investigados.
Los letrados de Chueco, Altinier y Cagni Fazzio, tienen experiencia en defender a hombres con mucho poder que terminaron prófugos de la Justicia, e investigados por lavado de dinero y administración fraudulenta.
En 2002, defendieron a Carlos Felix Pando Casado, miembro del directorio del Banco General de Negocios, quien estuvo prófugo más de tres meses en una causa por su responsabilidad en la fuga de capitales y posibles maniobras de lavado de dinero.
Pero además, ambos letrados fueron abogados de Marcos Gastaldi, el marido de Marcela Tinayre, en una causa en la que finalmente fuesobreseído, donde era acusado, junto a otros ex directivos del BancoExtrader de ser los responsables de defraudación por administración fraudulenta.
