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n programa que fue lanzado por la Vicegobernación de Misiones, ocasión en la que la experta Matilde Luna, presidenta de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (Relaf) coincidía en que el Estado tiene del deber de garantizar los derechos mencionados. “Pero también es obligación de la sociedad en su conjunto”, añadió para consignar que “debe comprenderse la importancia de la familia de acogida, de la familia solidaria, cuyo cometido es justamente garantizar los derechos”.
Luna hacía notar la delicada situación que plantea un niño cuando requiere de una familia solidaria, ya que ello significa que se encuentra en dificultades –algunas muy graves- su familia originaria. Y consignó que el programa es una convocatoria al actor social y privado por excelencia, la familia.
Significa que “reconocemos para el cumplimiento de los derechos de los niños el que cada uno tiene un rol. Y necesitamos de la sinergia que se produce cuanto todos los actores se ponen en movimiento y cumplen con ese rol”.
Y puntualizó que el niño se encuentra en situaciones difíciles “por cuestiones temporales o definitivas. Cuando son temporales, requieren de cuidados en otro lugar distinto de su familia y dura el tiempo en el que la familia es ayudada para volver a acogerlo. Y esa situación ya demanda una intervención que debe ser adecuada a los derechos del niño. Porque no se lo separa de su familia sin un porqué y ni para qué. Y, además, cuando es ubicado en otra familia, ya se está construyendo en un Juzgado, con un equipo adecuado, el proyecto de retorno a esa familia originaria de la que se lo separó”.
Indicó que, en cambio, cuando la situación en que se encuentra la familia originaria es gravísima, “se recurre a la adopción, la sustitución de una familia por otra”. Pero fundamentalmente, en todos los casos, el objetivo es que “una intervención ante el niño vulnerado en sus derechos, no vuelva a producir en él otra vulneración”.
