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os denunciantes formularon el pedido de juicio político contra los jueces Ector Acosta y Ricardo Gerometta, a quienes acusaron de “no emitir fallos en cinco años” y de otorgar presuntas “excarcelaciones exprés". También solicitaron su suspensión mientras dure la investigación. La presentación fue realizada por los abogados Martín Ayala, Andrea Wasilczyk, Juan Manuel Fouce y Ernesto Báez.
Al juez de Instrucción 1 de Puerto Rico, Éctor Acosta, lo acusan de "haber incurrido en la presunta causal de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones con falta de cumplimiento de los deberes a su cargo".
Según la denuncia, "la morosidad, falta de dictado de sentencias, falta de resolución de cuestiones procesales importantes, detenciones sin resolución procesal, falta de dictado en tiempo y forma de resoluciones sobre falta de mérito, sobreseimientos, falta de elevación a juicio, presuntos favores o tratamiento desigual a abogados ante situaciones similares y hasta incluso en un mismo expediente”.
"Demora, mala atención, desprecio al trabajo profesional, sospechas de colusión o connivencia, nepotismo, falta de capacitación, son algunas de las quejas que recibimos en los pasillos de todos los tribunales de la Provincia", indicaron.
Sobre este punto, mencionaron que “existen denuncias de connivencia para otorgar excarcelaciones con gran celeridad en casos asumidos por determinados abogados”, y añadieron: "Ha llevado a los ciudadanos de la localidad de Puerto Rico y otras comprendidas en el radio a una total y absoluta denegación de justicia”.
"Es inaceptable e intolerable retardo judicial, los severos incumplimientos del magistrado a los deberes de su cargo, y otras situaciones más que han sido objeto de reclamos y críticas de colegas abogados de la circunscripción judicial, y el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones en reiteradas ocasiones ha solicitado a los órganos pertinentes que se inicien investigaciones sobre el accionar del referido magistrado".
Asimismo, impulsaron otra denuncia contra el juez Civil, Comercial y de Familia de Puerto Iguazú, Ricardo Gerometta. Los denunciantes acusaron al magistrado de presunto “incumplimiento de sus funciones por incapacidad física sobreviniente”, y destacaron que se “pudo constatar el incumplimiento de todos los plazos previstos, no en algunos casos, sino prácticamente en todos los expedientes judiciales”.
“Conlleva una gravedad insostenible, puesto que transcurrieron aproximadamente cinco años, sin que el magistrado haya dictado una sola sentencia definitiva en juicio ordinario, algo realmente injustificable por cualquier motivo”, concluyeron.
