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l juez Sebastián Casanello, que lleva la causa por los cinco jóvenes muertos en la fiesta electrónica Time Warp, procesó ayer a cinco inspectores del gobierno de la Ciudad, de menor y mayor rango. Los considera “partícipes necesarios” del delito de venta de drogas agravado y coautores de los delitos de abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. En los fundamentos señaló que su función de control fue una “actuación ficticia”, “una pantomima” que terminó siendo determinante para que se produjera la tragedia. Para el juez, “eran el ojo del Estado, que miraba para otro lado”. Y decidió también apuntar más arriba: llamó a indagatoria a Diego Pérez Lorgueilleux, director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
En sus declaraciones, los integrantes de la Gerencia de Eventos Masivos de la AGC, ahora procesados, habían negado todo lo que los testigos de la fiesta venían repitiendo. Por ejemplo, Claudio Iacobaccio (gerente del área, que respondía por los otros cuatro) dijo que en la recorrida vio que “en los baños había agua corriente” (los testigos dicen que se cortó y que el agua embotellada llegó a valer $100) y que no había más de 10.900 personas (por el sotware de los molinetes y el intercambio de chats entre los organizadores se determinó que hubo casi el doble de concurrentes). A Iacobaccio, considerado “la máxima autoridad”, el juez lo acusó de montar “una pantomima de control que en realidad era un modo velado de dar vía libre al plan de los organizadores”.
Fernán García Vázquez (coordinador y supervisor de los tres inspectores que estuvieron en el evento) dijo, por ejemplo, que hacía unos 25 grados (testigos y médicos hablan de un calor insoportable), que “se podía circular libremente” (los testigos hablan de avalanchas y hacinamiento), y que no vio drogas (los asistentes dicen que, apenas pasaban el ingreso, les ofrecían de todo). Algo similar declararon los inspectores Pablo Fontanellas (“no era mi tarea controlar la venta de drogas”), Gustavo Herms (“hubo agua durante todo el evento”) y Néstor Cella (“se controló que haya ventilación mecánica en funcionamiento”), cuando los asistentes coinciden en que no se podía respirar del calor. El juez detalló punto por punto cuáles eran las obligaciones de los inspectores y concluyó que: “(...) no hicieron ejercicio de las facultades que les eran propias –poder de policía–, tales como el desalojo total o parcial del predio y la suspensión provisoria o definitiva del evento ‘cuando se considere que está comprometida la seguridad integral de los asistentes’. A su vez, en tanto funcionarios públicos, tampoco denunciaron la comercialización de estupefacientes dentro del predio la que, conforme surge de los testimonios de los asistentes era por demás evidente”. Por esto, los considera “partícipes necesarios” de la venta de drogas. Y explicó por qué los considera cómplices de los organizadores: “(...) con su actuación ficticia lograron encajarse perfectamente al plan ilícito de los organizadores del evento (permitir la compra y venta de sustancias prohibidas y de un agua, marca “Block”), cuando por sus funciones debieron hacer justamente todo lo contrario, en aras de salvaguardar la seguridad de los asistentes. Fueron parte esencial de la lógica paraestatal desplegada por los organizadores, ya que tenían la potestad de poner un freno al evento y optaron por no hacerlo”.
Casanello en su fallo fue más allá de lo que fue el pedido del fiscal Federico Delgado, que había reclamado el procesamiento de los inspectores sólo por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.
El juez agregó que tampoco controlaron que no hubiera menores, y que dejaron a la gente en situación de “desamparo absoluto” (por eso los acusa de abandono de personas). Así, determinó que se limitaron a llenar papeles y “su fiscalización formó parte de una puesta en escena para esconder el verdadero sentido de la fiesta”. No pidió prisión preventiva para ninguno de ellos y los embargó por 20 millones de pesos.
