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través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó la Ley de Tierras con el objetivo de facilitar la llegada de inversiones productivas de capital extranjero a través de la regulación de situaciones que no habían sido contempladas en la Ley 26.737 de 2012, que legalizó el límite a la extranjerización del suelo nacional.
La noticia generó polémica. El sector foresto-industrial fue uno de los perjudicados con la vigencia de la normativa ya que fue una traba para atraer nuevos proyectos de inversión para el aprovechamiento de la materia prima existente en la región.
