☰
✕
El juez Claudio Bonadio aceptó una presentación de familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y analiza realizar medidas de prueba para investigar a Cristina Kirchner, a quien el fallecido fiscal Alberto Nisman había denunciado por supuesto encubrimiento a Irán, horas antes de aparecer muerto en el baño de su departamento en Puerto Madero.
Esa denuncia está archivada en el juzgado de Daniel Rafecas, quien entendió que no había delito alguno. Sin embargo una causa paralela que se tramita en el juzgado de Bonadio permitió reactivar el expediente.
El juez investiga en su caso al ex canciller Héctor Timerman por una grabación entre el ex titular de la DAIA, Guillermo Borger, y el ex funcionario, quien admitió la negociación secreta para confeccionar la firma del Memorándum con Irán.
Esta causa sumaría un round más en el enfretamiento que la ex Presidenta tiene con el juez: Bonadio tiene a cargo la investigación por las operaciones de venta de dólar a futuro realizadas durante el gobierno de CFK, causa en la que dictó el embargo de $15 millones de pesos para la ex funcionaria.
Cristina cree que el letrado realiza una persecución judicial en su contra.
Luis Czyzewski, en nombre de su hija Paola, y Mario Averbuch, en representación de su hija Yanina, ambas fallecidas en el ataque del 18 de julio de 1994, fueron aceptados por Bonadio como querellantes en su causa. Ambos padres entienden que tanto la aprobación del memorándum como la denuncia contra Timerman son parte del mismo hecho.
El juez le envió el expediente al fiscal del caso, Eduardo Taiano, para que responda si está de acuerdo con que la investigación debería unificarse. En caso de que la respuesta sea positiva, Bonadio podría investigar los hechos de la denuncia de Nisman y llevar a cabo las 50 medidas de prueba que el fiscal Eduardo Pollicita propuso cuando impulsó el caso, antes de que se archivara.
En sintonía hace tres semanas se conoció la decisión de los familiares de víctimas y la comunidad judía de pedir que ambas causas se unifiquen. El argumento es que existen dudas en torno a la conformación del Memorándum. Entienden que el área de Legales de la Cancillería no intervino en la redacción del acuerdo.
