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La Justicia investiga una nueva ruta de dinero, pero esta vez no sólo involucra al kirchnerismo sin también al macrismo. Es que laProcuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) analiza el financiamiento de las campañas presidenciales deDaniel Scioli y Mauricio Macri. También la de Adolfo Rodríguez Saá.
Los fiscales Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta le presentarán hoy su informe al fiscal federal Jorge Di Lello, quien tiene competencia electoral para impulsar la causa en la que se sospecha que, como publicó hoy La Nación, las tres fuerzas políticas habrían aprovechado la campaña para lavar dinero de la política, la corrupción y el narcotráfico.
El próximo paso será comparar el patrimonio de los donantes privados con sus aportes a las campañas para confirmar o rechazar la hipótesis: el blanqueo de dinero de origen ilícito. Un patrón idéntico en los tres casos habría sido la utilización de empleados públicos y empresas contratistas del Estado como medios para lavar millonarios recursos ilegales.
En el caso del financiamiento de la campaña que llevó a la Casa Rosada al ahora presidente Macri, la Justicia pondrá la lupa sobre donantes de entre 20 y 32 años que en su mayoría habrían acercado sumas cercanas a los $ 50.000, es decir, aportes llamativos para personas de esas edades.
La Justicia seguirá de cerca a tres empresarios relacionados con Cristóbal López. Es que su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Souza, donó $ 100.000; su socio en Casino Club, Ricardo Benedicto, aportó $ 120.000; y su socio en los Estados Unidos, Héctor José Cruz, sumó $ 120.000.
Finalmente, el ex gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien el 25 de octubre sólo consiguió el 1,64% de los votos, contó en su campaña con la participación de 12 de 15 máximos aportantes entre todos los candidatos presidenciales. Así, totalizó $ 4,3 millones a pesar de obtener sólo 412.577 votos.
En el caso de comprobar la hipótesis de la Procelac, las autoridades partidarias y los responsables políticos y económicos de las tres fuerzaspodrían ser sancionados con la inhabilitación entre 6 meses y 10 años para ejercer cargos públicos. La última palabra la tendrá la jueza federal María Romilda Servini de Cubría.
