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n cuanto a las reuniones mantenidas días atrás con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Derechos Humanos y Ecología Ramos dijo que sirvió para exponer los mapas de las tierras en cuestión y pedir que se tomen medidas con la gente que nos critica o está en nuestra contra. Ellos no estaban enterados de nada, acá hay responsabilidad de la radio municipal de Mado que desde un arranque generó miedo en la población.
Para Ramos en Mado se maneja mala información
“Dicen que nosotros traemos familias de Paraguay y Brasil y esto es mentira. Estamos pasando muchas críticas y las versiones que se pasan en la radio municipal la gente las cree y no son verdades. Esperamos que la justicia vaya acomodando el conflicto. Estamos resistiendo a lo que nos está pasando. Pedimos que alguien vea como vive la comunidad, no tenemos herramientas para explicar a la gente y no sabemos cómo defendernos”.
Negó que la intención es dejar a los productores sin sus plantaciones o desalojar a familias de sus casas.”Se dice que nosotros (aldea) queremos invadir y quitar chacras y es algo que no va a suceder, nosotros no queremos quitar tierras solo que se reconozca nuestro territorio”. Cabe recordar que semanas atrás varios productores y vecinos se manifestaron cortando la ruta 12. Por el momento no se prevén nuevas medidas.
El caso
Más de 80 propietarios, entre pequeños productores y empresarios, se reunieron el martes con la subsecretaria de Tierras de la provincia, Sonia Melo, el intendente de Delicia, Ebert Vera, concejales y asesores legales, para buscar soluciones al conflicto surgido por la entrega de más de mil hectáreas de tierras a las comunidades aborígenes. En el encuentro indicaron que “los aborígenes llegaron en el 2009” y muchos privados heredaron las propiedades que habían sido adquiridas en algunos casos en los inicios de 1940 y, por lo tanto, cuentan con títulos de propiedad y tasas municipales abonadas al día.
Uno de los propietarios cuestionó los relevamientos realizados e indicó que “nunca hubo aborígenes” en esa localidad cuando sus padres compraron las tierras. “Es una invasión a la propiedad privada”, cuestionó.
También se planteó -en el encuentro- que en Misiones hay 10 mil hectáreas disponibles y a nombre de los aborígenes, que pueden usar y sin erogar nada. Es que ahora se habla de un plan de expropiación de las 1.080 hectáreas.
En consecuencia, del martes estos privados dieron un plazo de una semana a los funcionarios de la provincia: “Nosotros no queremos confrontar, pero es una situación muy violenta, no nos pueden imponer de esta manera”, indicaron.
Los pequeños productores que viven en la zona sostuvieron que van a “defender lo que consiguieron, como las plantaciones y continuar viviendo en el lugar”.
Citaron como ejemplo que Los Compadres es un barrio compuesto en su mayoría por quienes trabajan la chacra. “Hemos transpirado mucho, para construir nuestro lugar y nadie vino como intruso, todo es legal, eso se debe tener en cuenta”, reclamaron.
También se observaron posiciones más duras y es lo que desde el Gobierno recomendaron evitar, como también lo harán hablando con las comunidades. Lo llamativo para los empresarios es que no pueden ingresar a esos predios, “los gendarmes no permiten, no hay ni siquiera una orden judicial” indicaron.
Los productores y empresarios pidieron que se detenga la llegada de más aborígenes, “los que están que continúen viviendo, pero que no se permita más ingresos”.
Según los funcionarios del municipio local, tienen información de que cerca de 100 familias estarían llegando en los próximos días a ocupar las tierras.
Hay tres barrios constituidos del municipio que pertenecerían a los aborígenes según el relevamiento del Inadi, “son barrios que poseen casas de materiales, comercios, donde viven varias familias”, dijo preocupado el intendente Vera.
“Nosotros no queremos vender, no queremos negociar, somos pequeños productores, y vamos a defender nuestro lugar que nos dejen vivir. Vinieron funcionarios e impusieron como quisieron; ahora nosotros no sabemos qué hacer” añadieron los pobladores.
Cómo quedaría y los efectos
Los integrantes de las aldeas mbya Aguai Poty e Ysyry aseguran que les corresponden 1.080 hectáreas de tierras que están ubicadas en el municipio. Tras un relevamiento de terreno, aseguran que unas 557 hectáreas pertenecerían a la comunidad Ysyry a cargo del cacique Dalmasio Ramos y, en total, 523 hectáreas a Aguai Poty del cacique Hipólito Benítez. El intendente Eberth Vera aseguró que, con este traspaso en poder de las comunidades, “el municipio pierde dos balnearios que están inmersos en los terrenos, tampoco podrán llevar adelante el proyecto de la terminal de ómnibus, ni el parque industrial”.
“Se ven afectadas 300 familias que viven de la producción”
En dialogo con RADIO STOP el Secretario del Concejo Deliberante de Colonia Delicia Mado Miguel “Toti" Tarnoski comentó que los productores no son intrusos porque tienen título de propiedad y compra venta. Añadió que el cacique de la aldea Ysyry ha presentado ante el Concejo Deliberante un mapa del territorio. “Fue el pasado viernes 11 donde se recopilaron carpetas de relevamiento y se tomó conocimiento del caso.Mucha gente está pensando en salir a la ruta para manifestarse inclusos los que viven en viviendas del IPRODHA” agregó.
Para concluir Tarnoski señaló que hubo falencias por parte del Ministerio de Desarrollo Social, en ese entonces encabezado por Alicia Kirchner, por no notificar de la situación a autoridades del municipio y la provincia.
Esta situación tomará repercusión provincial y se dará una constancia al Diputado Schiavoni para que pueda llevarlo a Buenos Aires y tratar el caso adelantó.
Solicitarán la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, (Inai), para que vengan a Delicia a buscar una solución. "No culpamos a la actual gestión porque esto se hizo en tiempo del kirchnerismo y de forma irresponsable e irregular" sostuvieron.
Ley 26.160
En 2006 se votó en el congreso de la Nación la Ley 26.160 , que estipula que es necesario relevar los territorios aborígenes, lo malo del caso es que las marcaciones de la tierra se hicieron en forma irresponsable, porque se tendría que haber notificado a las autoridades de Colonia Delicia para realizar las marcaciones.
El problema salió a la luz cuando la empresa Pindó ofreció al Municipio en forma de dacion por impuesto hasta el año 2021, en valor de 200 mil pesos por año haciendo un total de 1 millón de peso. El Concejo aprobó la compra por desconocimiento del relevamiento de tierra, pero después se solicitó al intendente que vete la Ordenanza porque no se podría utilizar la tierra, de lo contrario si se usaba el municipio perdería la suma mencionada.
La Ley 26.160 fue impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner. Esta ley declara la emergencia por el término de cuatro años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso tendiente a desalojarlas, y ordena la realización de un Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras actualmente ocupadas por ellas, que debía realizarse en un plazo de tres años. Para tal fin, se creó un fondo de 30 millones de pesos (10 millones por cada año que se suponía iba a durar el relevamiento) a los efectos de la aplicación de la ley, y se estableció que sería el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el responsable de todo el proceso.
El INAI debía ejecutar el programa de Relevamiento Territorial de las Comunidades Indígenas (RETECI), promoviendo la asistencia del Consejo de Participación Indígena (CPI), universidades, entidades del Estado nacional y provincial, institutos indígenas y ONGs. Los objetivos del programa RETECI eran: formar conciencia social acerca de los alcances de la ley, relevar la organización comunitaria y los aspectos socio-productivos; verificar la ocupación actual, dar cuenta de los antecedentes sobre tenencia de la tierra y ocupación de los predios; relevar los territorios con GPS y volcarlos en un soporte SIG (Sistema Jaguar). El producto final del relevamiento era una carpeta técnica por comunidad.
A fines del año 2009, como los plazos no habían sido cumplidos, una nueva ley, la 26.554, prorroga la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento hasta el 23 de noviembre de 2013, y destina 10 millones de pesos adicionales por cada uno de los tres años posteriores a su sanción. En 2013, con la sanción de la ley 26.894 se determina que la norma operará hasta noviembre de 2017.
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