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La medida contra el jefe de Estados y dos miembros de su Gabinete la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuán. El magistrado impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal, consignó la agencia DyN. Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de la legisladora.
El 1 de diciembre, la oposición había adelantado que iba a denunciar judicialmente al Gobierno, luego de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 1206/16, que permite que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si estos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.
El decreto modificó la norma 27.260, la ley ómnibus que sancionó el Congreso a mediados de años que estableció el blanqueo y definía el pago de las deudas históricas con los jubilados. En su texto, la ley establecía que quedaban afuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones. “Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley”, se defendió ayer Peña.
