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n momentos en que la industria no logra contener la sangría del empleo, el Gobierno no sólo pretende terminar con la industria del juicio en relación con los accidentes de trabajo o el empleo en negro, sino que avanza en la idea de un blanqueo o moratoria laboral, la creación de una agencia de talentos, la incorporación al mercado laboral de las personas que cobran planes sociales y la rebaja de contribuciones patronales.
La idea oficial es que las multas que contempla la ley 24.013 para los empleadores que no registran correctamente a sus empleados o que falsifican sus fechas de ingreso (artículos 8 y 9) en una relación laboral y, al mismo tiempo, las dobles indemnizaciones agravadas (previstas en el artículo 15) dejen de pagarse a los trabajadores y vayan a un Plan Nacional de Empleo y Formación Profesional o a compensar el sistema previsional. En este último punto, aún no está cerrado el debate. La intención del Gobierno es "fusilar el negocio" de la industria del juicio que se generó con esta ley.
Además, se prevé la eximición de contribuciones patronales para los empleadores que contraten un trabajador "por tiempo indeterminado y registrado", siempre y cuando esa contratación "produzca un incremento en su plantel de trabajadores". Este incentivo será más elevado, de hasta el 30%, en Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, y de hasta el 10% en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, y la ciudad de Buenos Aires.
Entre el Gobierno y los sindicatos negocian si habrá un blanqueo (quita de deuda) o moratoria (facilidades de pago) para el mercado laboral. En Trabajo impulsan una moratoria, mientras que la CGT piensa que un blanqueo sería más efectivo. Fuentes sindicales afirmaron igualmente que cualquiera de las medidas es insuficiente si la economía no crece y los despidos no merman.
