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l Juez Éctor Acosta fue denunciado públicamente en un acto por el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, y luego por el Colegio de Abogados, con serios cargos en las acusaciones que terminaron con actuaciones en el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios.
En esta semana se le vence al cuestionado juez la licencia de la que lleva gozando varios meses.
Ahora, mientras el IPS define su retiro laboral, Acosta podría continuar fuera del despacho hasta la jubilación.
El Gobernador de la provincia Hugo Passalacqua aceptó la renuncia y en mayo convocarían a concurso para cubrir la vacante en el Juzgado de Instrucción I.
Acosta fue denunciado públicamente en un acto por el intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, y luego por el Colegio de Abogados, con serios cargos en las acusaciones que terminaron con actuaciones en el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios.
Entre este martes y el miércoles se le vence al cuestionado juez la licencia de la que lleva gozando varios meses.
Ahora, mientras el IPS define su retiro laboral, Acosta podría continuar fuera del despacho hasta la jubilación.
Acosta resolvió dar un paso al costado, aunque condicionó su alejamiento con el “otorgamiento de una jubilación por incapacidad”.
Últimas medidas en la investigación judicial
Se informó que más de media docena de abogados había ratificado las diversas irregularidades denunciadas por el Colegio de Abogados de Misiones, que había pedido un juicio político. Los letrados consideraban que representaban los últimos pasos para iniciarle el jury al citado magistrado.
Hasta ahora, Éctor Acosta había apelado al uso de licencia médica en el cargo de juez de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Desde entonces, este magistrado -que fuera designado por el humadismo- no volvió a la función. Estaba a punto de cumplir un año en uso de licencia.
En dicho lapso, la dependencia que estaba a su cargo quedó bajo el mando del juez de Instrucción subrogante de Puerto Rico, Osvaldo Rubén Lunge.
Tal situación generaba además preocupación, porque se seguían acumulando y retrasando diversas causas en la jurisdicción.
Cómo comenzó
El 7 de mayo de 2016, en el marco del acto aniversario de Jardín América, el intendente Oscar Kornoski fue el primero en acusar públicamente sobre el mal comportamiento de Acosta.
El jefe comunal cuestionó al magistrado de haber liberado a un detenido en presunta connivencia con el abogado Rubén Oscar Petroff, del foro local.
De esta manera, hacía público una situación que muchos conocían.
En forma posterior, el 20 de mayo, desde la Comisión Directiva del Colegio de Abogados, impulsaron el pedido de juicio político contra el magistrado.
Luego hizo lo propio la fiscal de Instrucción Mabel del Rosario Luna, quien promovió un requerimiento de instrucción formal contra el juez Acosta y el abogado Petroff.
Los cargos
Entre las principales acusaciones, el Colegio de Abogados cuestionó las demoras injustificadas en la administración de justicia.
Sobre las denuncias por retardos de resolución de causas y supuesta connivencia con un abogado local, justamente, giraron las principales consultas realizadas en forma reciente a los letrados por parte de la Cámara de Apelaciones, presidida por José Alberto López. Este funcionario judicial, tras analizar los elementos reunidos, debía elevar el resultado al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Sobre el retardo judicial, las autoridades del Colegio de Abogados habían logrado detectar causas retrasadas de tres a cuatro años, correspondientes en algunos casos a los años 2011 y 2012, según consignó el Colegio de Abogados en el momento de elevar la denuncia penal.
En ese sentido, entre las causales para requerir el jury, citaron “irregularidades en el juzgado; una mora injustificada en la respuesta al Tribunal e ineficacia porque el Juzgado de Instrucción elevó tres causas en todo el año”, en referencia al 2015, según fue informado en forma posterior por el Superior Tribunal de Justicia.
Además, como viene informando este matutino, se conoció que el libro de protocolo presentaba diversas irregularidades y alteraciones.
“Fue una declaración corta y nos permitió confirmar lo que estaba en el expediente”, dijo el abogado Horacio Rufino Noguera, quien había detallado a este matutino diversas irregularidades cometidas por el magistrado en perjuicio de sus clientes.
Fue además uno de los letrados que denunció con firmeza las irregularidades contra el magistrado. Respecto a su comparencia ante la Cámara de Apelaciones, sostuvo que también se le consultó “si había preferencias, respecto a las causas que manejaba el doctor Petroff, a quien había denunciado”.
La investigación de la Cámara
Con la renuncia del juez Éctor Acosta, en principio, queda sin efecto la investigación que estaba realizando la Cámara de Apelaciones, presidida por José Alberto López. Esta dependencia estaba llegando a la etapa final de la tarea y, por lo tanto, se esperaba que disparara el juicio político.
El resultado de un informe preliminar permite conocer algunas de las tareas que venía realizando la Cámara de Apelaciones.
Pudo saberse que para indagar sobre las diversas denuncias, López habría requerido varias documentaciones y expedientes judiciales, incluido el perfíl correspondiente del juez Éctor Acosta, junto a sus colaboradores, tanto al personal del juzgado que administraba Acosta como a algunos afectados. Como resultado, se habrían comprobado como graves las demoras injustificadas en la administración de justicia y hasta personas detenidas en comisarías por mucho tiempo y poca justificación, sin dictarse en algunos casos ni siquiera la prisión preventiva, además de la sospecha de liberar mediante supuestos acuerdos particulares o cauciones, sumado a los planteos de connivencia entre el magistrado y el abogado Rubén Petroff.
