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ara su familia, la madrugada del 5 de marzo del año pasado, Ángel Almada estaba en el lugar equivocado. Tras salir de una fiesta con amigos atravesaba un largo puente, en dirección a su casa, cuando cayó desde más de cinco metros y sufrió heridas gravísimas que le costarían la vida. Después de 15 meses de investigación con la hipótesis central del suicidio, la causa fue girada a la Fiscalía de Homicidios de Bahía Blanca para que se investigue si lo empujaron o si lo obligaron a tirarse.Sin embargo, allí rechazaron el caso por falta de pruebas. Ahora será el jefe de los fiscales de la zona quien decida el futuro del expediente.
La secuencia inicial del caso fue registrada por una cámara de seguridad de uno de los accesos al sendero y que muestra solo al chico subiéndolo. El paso peatonal une dos sectores de la localidad portuaria de Ingeniero White y atraviesa una zona de vías férreas, donde el chico fue hallado horas después agonizando por un sereno del lugar. Al hospital municipal bahiense ingresó con graves traumatismos de cráneo y tórax que, tres días después, determinaron su muerte.
Lo que ocurrió sobre el puente, para la Justicia, aún es una incógnita, aunque para su familia está muy claro. “Él no iba nunca por ahí, por lo que creemos que acompañaba a alguien”, sostiene su tía Viviana. “Ángel no se suicidó. Lo mataron y sabemos quién lo hizo”, advirtió. El lunes siguiente a la muerte se reanudaban las clases en la orquesta de la escuela y el adolescente, de 17 años, tenía tal entusiasmo por volver a tocar allí el violín que sus familiares descartan que se haya quitado la vida.
Según Emanuel, a su hermano lo interceptaron, le robaron dos teléfonos celulares que llevaba y lo tiraron del puente. “Hay mucha gente involucrada en encubrir esto y queremos que también paguen por lo que hicieron”, reclama con bronca.
Horas después de la caída, la Policía halló vacía la mochila de Ángel, a unos metros de la subida al puente. Dos semanas más tarde, recuperó su teléfono, de manos de un joven que declaró que el propio chico se lo había canjeado por dos cervezas. La versión fue descartada y el fiscal de Delitos Complejos Gustavo Zorzano giró las actuaciones a Mar del Plata, tras lo cual, en octubre pasado, peritos científicos concluyeron que no había pruebas para involucrar a otras personas en la muerte.
La persistencia en la hipótesis suicida, desvirtuada por el perfil psicológico del joven y la falta de respuestas, motivó varias movilizaciones en el pueblo. En una de ellas le tiraron pintura en la cara al jefe de la Departamental de Policía, comisario Gustavo Maldonado. Más tarde, fue removida toda la cúpula de la seccional.
“En un primer momento, hubo manipulación de la prueba y desvío de la investigación”, afirma el abogado Leandro Aparicio, que asiste a los Almada. Sostiene que el vuelco en la investigación, tras varios meses de trabajo silencioso y paciente, lo dieron cuatro testigos de identidad reservada que aportó la propia familia.
“Pudimos reconstruir lo que pasó esa noche y llegamos a quienes persiguieron a Ángel, le sacaron la mochila, le robaron las cosas que después intentaron vender y lo tiraron del puente”, explica Aparicio.
Por las trabas, además de a la Policía, la familia le apuntó al delegado municipal cuya hija habría estado con Ángel en las horas previas a su muerte. Marcelo Acosta, quien renunció en diciembre pasado, sostuvo que el chico fue víctima de la inseguridad que se vive en Ingeniero White, a la que ligó con el avance del consumo de drogas. El intendente Héctor Gay (Cambiemos) lo había separado del cargo por su actuación en el controvertido caso.
Con las nuevas declaraciones, el fiscal Marcelo Romero Jardín, quien recibió la causa de Zorzano, le giró las actuaciones al fiscal subrogante de Homicidios Mauricio del Cero.
Finalmente, Del Cero rechazó investigar el caso como un crimen. Con cuestionamientos hacia Romero Jardín, el fiscal consideró que la del homicidio es solo una de las hipótesis que existen en la causa, que ya acumula más de 600 fojas. Para sostener su postura, se respaldó en un informe de cinco peritos de Policía Científica que en octubre pasado fallaron que no podía descartarse el suicidio o la muerte accidental.
Tras recibir el expediente de Del Cero, Romero Jardín lo giró a la fiscalía general y será el jefe de ambos, Juan Pablo Fernández, quien en los próximos días defina el destino de la investigación, en un hecho con pocos precedentes en la Justicia de Bahía Blanca.
