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Se trata de un estimado de 54.727.991.000 pesos que destina más de la mitad de los recursos a las políticas de inclusión social que son la prioridad del “proyecto misionerista” en las cuatro gestiones consecutivas, que se ponen en la balanza en las elecciones de medio término de octubre.
Los 54 mil millones representan un incremento de 12.750 millones en comparación con el presupuesto vigente. Más de la mitad del presupuesto, nuevamente, se destinará a la inversión social, conformada por Salud, Desarrollo Social y Educación, que se llevan el 56,80 por ciento del total, con 31.090.150.000 pesos. Salud tendrá 13,93 por ciento de los recursos, Desarrollo Social el 12,40 por ciento y Educación el 30,47 por ciento. Pero es la política educativa la que se lleva la mayor porción, con 16.676 millones, prácticamente un tercio del total, 51,99 por ciento más que en el presupuesto actual.
Después de la administración general, que insumirá 9.400 millones, el desarrollo de la Economía es la política que más recursos tendrá en 2018, con 8.700 millones.
Continúa en importancia, la Seguridad, con una participación de 8,47 por ciento y un monto asignado de 4.635.752.000 pesos y un incremento del 66.85 por ciento en comparación con el actual. El Instituto de Previsión Social contará con 5.529 millones y el Parque de la Salud, con 2.432 millones.
El gasto en personal anticipa una política salarial que tendrá el doble propósito de proteger la fuente laboral de los trabajadores públicos y defender el poder adquisitivo. Se recompondrán salarios por etapas. No se incluyen gastos reservados para el Ejecutivo.
Los recursos estimados para la ejecución del presupuesto alcanzan a 42.153.973.000 pesos, con una necesidad de financiamiento de 12.574.018.000 pesos. Más de 466 millones deberán destinarse a la amortización de deudas.
Sin embargo, gracias al orden financiero, se pudieron refinanciar vencimientos por 380 millones de pesos para este año. La política de desendeudamiento fue clave: por “desacertadas e irresponsables aplicadas en la década de los 90”, en 2003 se debían dos presupuestos en dólares. Actualmente, apenas el 10 por ciento del presupuesto en pesos.
En su descripción, el Gobernador sostiene que en el país hubo un giro político “que planteó un profundo cambio de modelo de gestión -fundamentalmente en lo económico- que si bien está siendo valorado por autoridades de los principales países del mundo, aún no logra causar efectos que puedan percibirse en la “economía real”, (ya que) todavía no logra incrementar la inversión productiva, generar empleos, aumentar el consumo de las familias, producir un crecimiento económico visible, que pueda ser sostenible en el tiempo y ser percibido en la vida diaria, aumentando el bienestar de la población”.
Passalacqua advierte que son tiempos de austeridad, en los que “cada funcionario debe acercarse más a la gente, escuchar con atención sus necesidades e inquietudes y disponer su total dedicación a solucionar los problemas”.
En el mensaje, se enumeran brotes verdes en el campo, la construcción en obra pública y el sector financiero, pero una sequía en el rubro textil, lácteo y, principalmente, las economías regionales, cuyos productos exportables han perdido competitividad debido a la excesiva apreciación del peso.
La Argentina “cara en dólares” provoca un doble daño por las asimetrías. “No solo no compran nuestra producción, sino que se produce un drenaje de recursos hacia las ciudades fronterizas, que debilitan los recursos de los tesoros provinciales y municipales”.
Asimismo, Passalacqua ratifica la defensa del modelo fiscal que sostiene la Provincia ante un descenso de la actividad económica en el país que provocó una fuerte caída en la coparticipación durante 2016 y lo que va de 2017.
