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a Corte Suprema de Justicia volvió a enviar un mensaje inequívoco contra la denominada "industria del juicio", a través de una sentencia dirigida a impactar de lleno en la Justicia laboral, acusada por la Casa Rosada de ser propensa a fallos antiempresa. Por unanimidad, el máximo tribunal revocó una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que condenaba a una empresa a pagar una indemnización que fue considerada "totalmente desproporcionada" por el tenor de un accidente laboral. Es el tercer pronunciamiento en serie, que incluyó un "sogazo" hacia el fuero del Trabajo, con desautorizaciones previas que ya sientan jurisprudencia. Los precedentes ratificaron que un trabajador debe pagar los costos de un juicio que perdió por su culpa (no se había presentado a los peritajes), y que los jueces no pueden calcular arbitrariamente el monto de las reparaciones por fuera de los estándares de la Ley de Riesgos de Trabajo. Los dardos de la Corte ayer volvieron a apuntar a la Sala III de la Cámara, el mismo tribunal que habilitó tratar amparos colectivos contra la reforma de la ley de ART, considerada clave por el Gobierno.
La Corte revocó esa decisión y puso en evidencia que los jueces fijaron el triple de la suma pedida por la demandante sin aportar fundamentos para hacerlo, o cuál había sido el método para calcularla. En sólo cuatro carillas, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz -sin Horacio Rosatti- ordenaron que se anule la decisión, por "arbitraria" y que se dicte un nuevo pronunciamiento "por quien corresponda". Tácitamente, se apartó a ambos camaristas de una futura decisión. Pese a que no se menciona en el texto de lo resuelto, la Corte subrayó como antecedente que ya había revocado una decisión de la Sala III , a la que el propio Gobierno puso en la mira por restituir a exempleados de la AFSCA y por este motivo les pidió el juicio político.
El reto de la Corte a la Sala III comenzó el 4 de julio cuando se revocó el pago de los costos de un juicio a la empresa demandada en un caso donde el trabajador ni siquiera se había presentado a los peritajes de rigor. Adujeron que eso limitaría el acceso a la Justicia si el demandante debía correr con los gastos. La Corte rechazó esto y sentó que si un trabajador pierde un juicio por su culpa, deberá afrontar las "costas". El segundo hito de esta postura fue el 12 de septiembre y el dardo fue para la Sala VII, cuando la Corte dejó sin efecto un fallo porque los jueces habían incrementado la indemnización por un fallecimiento fruto de un accidente apartándose de las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo para tarifar el reclamo.
El espaldarazo de la Corte apuntala la estrategia del Gobierno para acotar al máximo las demandas laborales y encauzarlas bajo los términos de la nueva ley de ART. A la reforma le falta atravesar la prueba de fuego del fuero laboral que prepara su propia respuesta al asunto considerado clave por la Casa Rosada. A su vez, la Corte, con estos guiños, anticipa un pronóstico favorable a una de las iniciativas medulares de Cambiemos.
