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n la oportunidad en la que todos los integrantes acordaron presentar una medida judicial por considerar inconstitucional el nuevo incremento fijado por el Ejecutivo Nacional.
Del encuentro participaron además del titular de la institución anfitriona, Alberto Penayo, la ministro de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, los diputados provinciales Roque Gervasoni y Martín Sereno, presidentes de las comisiones vecinales de distintos barrios y técnicos de Electricidad Misiones Sociedad Anónima (EMSA).
En la oportunidad, continuaron con el análisis de los reclamos de los usuarios de Posadas y diversas localidades de la provincia, y se coincidió en que para establecer la actual readecuación tarifaria, el Ejecutivo Nacional no cumplió con las normas vigentes que establecen la realización de audiencias públicas con información precisa y veraz de cómo surgen los costos y se fundamente objetivamente el incremento, consignaron a través de un comunicado.
Por otra parte, fundamentaron que este nuevo aumento que afecta a todos los usuarios “contradice al artículo. 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –reconocido por la Constitución Nacional Argentina-, que establece el derecho a tener y gozar de una vivienda y condiciones dignas de vida”.
“Por estas razones es que entre todos los sectores y organismos que integramos la Mesa Interinstitucional presentaremos un amparo colectivo con medida cautelar ante los Tribunales Federales en Posadas por considerar inconstitucional el aumento tarifario, solicitando la impugnación de la readecuación de tarifas ordenada por el Gobierno Nacional, a través Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la Secretaría de Energía, a la vez que se ordene a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), a que retrotraiga a marzo de 2017 los valores de venta de energía eléctrica a EMSA en tanto agente distribuidor del Sistema Eléctrico en la provincia”, explicó el defensor del Pueblo posadeño, Alberto Penayo.
Asimismo, acordaron solicitar al directorio de EMSA que plantee a la autoridad concedente la suspensión de la readecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), hasta el mes de junio del corriente año.
