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on el objetivo de acelerar la puesta en marcha del decreto para expulsar a los extranjeros con causas penales y reincidentes en el país, el ministerio del Interior firmó un convenio con siete provincias para compartir información y avanzar en ese sentido. Procuradores de Buenos Aires, La Pampa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Santa Cruz pasaron por la Casa Rosada para suscribir el acuerdo con Migraciones, en sintonía con el endurecimiento del discurso del Gobierno sobre la inseguridad.
A partir del convenio las provincias podrán tener acceso a la base de datos sobre la entrada y salida de personas, y entregarán información sobre las causas que involucren a extranjeros. “Nos van a notificar inmediatamente cuando hayan cometido un hecho delictivo. Y si entraron ilegalmente con un procesamiento se los puede expulsar”, dijo Horacio García -titular de Migraciones, luego del acuerdo encabezado por Rogelio Frigerio, ministro del Interior. En el caso de los extranjeros radicados en el país, la condena tiene que estar firme.
Mauricio Macri firmó un decreto el año pasado, que endureció la política migratoria con medidas para acelerar la expulsión de extranjeros condenados o con antecedentes penales y aumentar las barreras para el ingreso. El DNU recibió críticas y fue impugnado por organizaciones civiles y de derechos humanos, aunque fue avalado en octubre por la Justicia. Desde su implementación creció la cantidad de personas expulsadas: 490 desde enero de 2017.
“Este convenio se suma a otros con diversas instituciones de la Justicia para ser más eficaces en la lucha contra delitos transnacionales como el tráfico de personas, el terrorismo o el narcotráfico, que nos exigen estar alertas”, dijo García luego de la firma del acuerdo, y agregó que habrá más acuerdos: “Los próximos serán con las provincias que faltan y con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER)”.
La medida se sumó a la mayor vigilancia en las fronteras y los aeropuertos, a partir del sistema de control anticipado de pasajeros con empresas aéreas extranjeras. Y se concretó en la misma semana de las controversias respecto del “cambio de doctrina” proclamado por Patricia Bullrich sobre el accionar de las fuerzas de Seguridad, luego de que Macri recibiera en la Casa Rosada a Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda al ladrón Pablo Kukoc. “Más que mano dura, esto es ser razonable. El país da facilidades para radicarse pero no puede permitir la permanencia de delincuentes”, dijeron en Interior.
