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alentín Díaz Gilligan, el subsecretario general de la Presidencia acusado de ocultar 1,2 millón de dólares en Andorra cuando era funcionario porteño, presentó esta tarde la renuncia a su cargo, tres días después de que el diario El País revelara la existencia de esa cuenta no declarada abierta en 2012 en el pequeño principado de menos de 79 mil habitantes, que era por entonces un paraíso fiscal.
El desenlace se produjo luego de una jornada de intenso debateen el Gobierno, sobre si pedirle o no la renuncia y en medio de presiones de los aliados radicales y cívicos que reclamaban el apartamiento de Díaz Gilligan.
En la Casa Rosada las aguas estuvieron divididas entre quienes opinaban que debía pedir licencia para dejar de pagar costos políticos, mientras otros se inclinaban por esperar un pronunciamiento de la Oficina Anticorrupción (OA).
Pocas horas antes de renunciar y a pedido de la OA, Díaz Gilligan presentó hoy ante el organismo que encabeza Laura Alonso un texto de seis líneas, en el que anticipaba que iba a presentar la documentación requerida para "aclarar" la situación. Lo escueto de la nota no cayó bien en la OA.
Cerca de Díaz Gilligan -a quien se vio "bajoneado" según contaron fuentes de la Rosada- habían manifestado que haría "lo que le pidieran Mauricio y Marcos Peña". Poco después se supo de su dimisión ante el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, su superior directo.
Díaz Gilligan está acusado de ocultar su participación en Line Action Ltd, una empresa radicada en Londres dedicada a transferencias de jugadores de fútbol que contó con 1,2 millón de dólares a su nombre en una cuenta en un banco de Andorra.
Su primera explicación a la prensa había agitado más las aguas: sostuvo que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de Line Action por hacerle un favor a un amigo, el polémico empresario e intermediario de futbolistas Francisco "Paco" Casal, porque "tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía".
Después, en una entrevista con Clarín admitió que "no declaró" la cuenta ante el fisco argentino porque iba a "salir de la sociedad".
Pese al respaldo inicial del Gobierno -Peña sostuvo ayer que había que dejar actuar a la OA y aseguró que no era un caso de corrupción- los aliados del macrismo presionaron para que diera un paso al costado.
Primero fue el radical Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Cambiemos, quien consideró que el funcionario tenía que pedir su separación del cargo. Luego Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional, opinó que “si fuera Díaz Gilligan, pediría licencia”. Sánchez fue diputado de la Coalición Cívica hasta diciembre y es uno de los principales escuderos de Elisa Carrió.
En la interna oficial se cree que Carrió no fue ajena a la ofensiva: otra diputada “Lilita”, Paula Oliveto, había reclamado directamente la renuncia de Díaz Gilligan "para ayudar al Presidente".
