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l menos 28 personas murieron en Nicaragua, en su mayoría estudiantes y entre ellos un periodista que fue asesinado de un balazo, durante las protestas contra la reforma a la seguridad social anunciada por el Gobierno. Las manifestaciones empezaron el miércoles y, desde entonces, las organizaciones civiles denunciaron la represión policial.
Mientras que el Ejecutivo mantiene la cifra de 10 muertos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos triplicó el número. La propuesta del oficialismo, que desató el caos social, aumenta las contribuciones de las empresas y trabajadores para rescatar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Y los jubilados deberán aportar un 5% de su pensión en concepto de cobertura de enfermedades.
De esta forma, el Gobierno pretende recaudar 250 millones de dólares, aunque los economistas advirtieron que este tipo de medida afectará a las compañías y se traducirán en un gran índice de desempleo.
El sábado la tensión escaló a su punto máximo cuando el presidente de Nicaragua, Nicolás Ortega, ordenó el despliegue del Ejército en las ciudades más importantes del país. Durante la noche, se pudieron escuchar decenas de detonaciones en diferentes puntos de Managua, mientras los manifestantes intentaban esconderse de los efectivos antidisturbios.
Los periodistas independientes habían denunciado que no contaban con garantías para ejercer su trabajo durante las protestas. Hasta el sábado, habían sido agredidos por lo menos doce reporteros. Algunos de ellos, además, denunciaron el robo de sus equipos.
El caso más trágico fue el de Miguel Ángel Gahona, que murió de un balazo mientras transmitía en vivo la marcha en Bluefields para el noticiero El Meridiano. En un video difundido por las redes sociales, quedó registrada la escena: se escuchó un disparo, cayó la cámara y se desataron los gritos de quienes estaban cerca de él. Según fuentes gremiales, el periodista se encontraba en una zona donde hubo un enfrentamiento entre manifestantes y la policía antimotines.
Ortega manifestó a través de una cadena nacional que el Gobierno está "totalmente de acuerdo con retomar el diálogo para la paz, para la estabilidad, para el trabajo, para que Nicaragua no esté en medio del terror". Sin embargo, el gremio empresarial respondió que "no puede haber ningún diálogo" si "no cesa de inmediato la represión policial" ni se respeta la libertad de manifestación y de prensa.
Para el Presidente, que denunció sin dar nombres, las protestas son alentadas por la oposición y son financiadas por sectores extremistas de los Estados Unidos. "Lo hacen para sembrar el terror y destruir la imagen de Nicaragua, tras "11 años de paz", advirtió.
Desde Washington la respuesta no tardó en llegar. El Departamento de Estado de Donald Trump condenó el uso excesivo de la fuerza de la policía y pidió a Ortega que permita a los periodistas cubrir los incidentes en libertad.
"Estados Unidos hace un llamado a un diálogo amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto a los derechos humanos y lograr un futuro mejor y más democrático para todos los nicaragüenses", escribió Heather Nauert, vocera del organismo.
