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raíz de los apremios ilegales que se dio a conocer en la Comisaría de Puerto Esperanza por parte de los cuatro efectivos de la Policía de la provincia hacia un detenido adicto a las drogas y posterior apartamiento de la fuerza de los implicados por decisión del Ministro Pérez, dialogó con Radio STOP, Rita Núñez integrante de la Comisión Provincial para la Prevención de La Tortura; celebró la decisión por parte del Ministro de Gobierno y sostuvo que las manifestaciones que se llevan a cabo en Esperanza están bajo el amparo de la constitución pero que es incorrecto porque ante las pruebas, el reclamo es apología del delito.
En el inicio de la entrevista a este medio en la mañana de este jueves Rita Núñez adelantó que ante las diferentes denuncias que recibe la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura se lleva a cabo un monitoreo en el lugar de detención sin previo aviso ya que de esta manera hay más probabilidades de hallar con la problemática debido a que Misiones da cumplimiento y desde el 2016 pone en marcha la ley de monitoreo es lugares de encierro.
Ante el último hecho que fue publicado a través de las redes sociales en una Comisaría de Puerto Esperanza, Núñez comentó que, “la comisión cuando recibe denuncias sean anónimas o no, se pone en contacto con la víctima, en este caso en Puerto Esperanza la madre estuvo en representación de su hijo se trata de Delia López, por el hecho se hizo un informe administrativo, se remitió la denuncia al Fiscal de Puerto Iguazú”, en ese sentido aclaró que en caso concreto como éstos, se realiza una visita de monitoreo para ir mejorando la condición de alojamiento entre otros ya que el proceso es bastante amplio no ahondó en detalles.
Con respecto a las pruebas indicó que, “hay un documento, que es la filmación donde se puede ver que es un acto de tortura, en tiempo de democracia hacia una persona que se encuentra maniatada, hubo aproximadamente entre cuatro o cinco personas que lo sometieron a castigos. Eso se llama Apremios ilegales y agravados por el uso de un cinto, llevaron a cabo un submarino seco (la bolsa en la cabeza); ante esto podemos decir que los policías incurrieron en delitos ilegales, los funcionarios de la fuerza hicieron bien en apartarlos”.
A la vez fue consultada sobre su punto de vista profesional sobre las marchas que vecinos autoconvocados de la mencionada localidad realizaron y sobre el insistente reclamó de reincorporación inmediata, explicó “el derecho a huelga o reclamos está en la constitución es válida, pero en este caso es para avalar el delito; ellos (por los manifestantes) están haciendo apología del delito. Están cometiendo ilícito se puede entender del punto de vista social que es un reclamo de más seguridad. Pero son los funcionarios que deben velar por la seguridad. Los manifestantes serían familiares de los policías que no quieren que pierdan su trabajo”.
Núñez fue directa al recalcar que, “estos efectivos no pueden pertenecer a la fuerza. Celebramos y vemos con agrado la acción del Ministro de Gobierno Marcelo Pérez ya que el personal debe asumir lo sucedido”. Y añadió, “entendemos a la familia pero no está justificada que los implicados estén a cargo de la seguridad de nadie. Ya que el damnificado es una persona adicta, esquizofrénico, tendría que haber una derivación a una atención para que esa persona asuma un tratamiento. Tenemos que ponernos “las pilas” para buscar la paz social”, destacó.
Además Rita Núñez aconsejó a la ciudadanía que ante cualquier caso de tortura en las comisarías de toda la provincia existe un cartel con toda la información sobre contactos con la Comisión como también sugirió la cuenta de Facebook “Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura”, por su parte volvió a insistirá que ante denuncias la visita no es anunciada a la dependencia señalada ya que de esta manera se podría constatar con mayor probabilidad cualquier tortura que se dé tanto en sedes policiales como destacamentos de distintas fuerzas.
“La tortura está instalada todavía en Latinoamérica y nuestra provincia no es ajena”, culminó.
