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l crédito extraordinario de 50.000 millones que acordó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional excede cualquier previsión previa, porque eleva a 11 veces la cuota que el país mantiene en el organismo, algo que está, sacando el caso de Grecia, muy por encima de todos los préstamos otorgados por el FMI en los últimos años.
El acuerdo es una señal de respaldo importante de Washington a la administración Macri que ayuda a cumplir el objetivo principal perseguido por la Casa Rosada: no tener que usar la mayor parte del crédito stand-by en el próximo año y medio. Solo se desembolsará el 20 de junio el 30 por ciento, unos 15.000 millones. El plan es que el resto funcione como una garantía de que la Argentina no volverá a caer en default. De esa manera, se pretende reabrir una ventanilla en los mercados de capitales para conseguir fondos que permitan seguir financiando al menos una parte del déficit fiscal (incluidos los intereses de deuda) y refinanciar los vencimientos de capital. Si eso no se logra, habrá que echar mano de todo el préstamo del FMI.
El anuncio podría contribuir a amortiguar el golpazo que sufrió la economía argentina, con la corrida cambiaria y la devaluación del 25% en tres semanas, que se refleja en los propios números que acordaron los funcionarios argentinos con el staff del Fondo. El Banco Central borró la meta de inflación para este año: ahora su objetivo es tratar de que no supere el 27,4% del consenso de las consultoras privadas.
Y para 2019 se acordó una meta de 17% en diciembre, que para Sturzenegger se podría alcanzar si dentro de un año la inflación rondara el 20/21% anual. Una señal clara a los sindicatos de por dónde corre la aceleración de la inflación. En enero de 2016, la meta de inflación para diciembre de 2019 era de 5 por ciento. Como dijo Dujovne en la conferencia de prensa, las nuevas metas serán de ahora en más un problema exclusivo de Sturzenegger.
También Dujovne, tras la corrida, revisó fuertemente sus previsiones de crecimiento económico: para este año, en el cálculo de los recursos fiscales, el Fondo exigió un "conservador" 0,4 por ciento. Pero el ministro considera que la economía puede llegar a crecer 1,4 por ciento. Como fuera, esos números significan estancamiento o incluso recesión en el segundo semestre de cumplirse la proyección del FMI.
Pero vamos al dato clave: el ajuste fiscal que finalmente se comprometió a realizar con el Fondo. La cifra de déficit fiscal primario (recaudación menos gastos) prevista para este año es igual a la que ya había anunciado Dujovne hace algunas semanas: 2,7% del PBI (frente al 3,2% que figuraba en el Presupuesto 2018). El único dato novedoso es dónde estará la mayor parte del "ahorro fiscal". El cuadro de la página 10 que distribuyó el Ministerio de Hacienda detalla que la obra pública (gastos de capital) se achicará un 0,7% del PBI: unos $105.000 millones de pesos menos. Otra fuente del ajuste serán los "salarios y compra de bienes y servicios (gastos de funcionamiento)" del Estado: la reducción prevista es de 0,4% del PBI, unos $60.000 millones menos en términos reales. El resto es fundamentalmente subsidios: una reducción de $45.000 millones (0,3% del PBI). Y una caída de 0,2% del PBI en transferencias discrecionales a provincias.
Para 2019, la meta de achicar el déficit fiscal primario al 1,3% del PBI (originalmente era de 2,2% del PBI) supone una reducción del déficit en $210.000 millones a valores de hoy. Y para lograrlo el esquema es similar al de este año. Recorte de obra pública de 0,6% del PBI respecto de este año ($90.000 millones). Apretón adicional en subsidios de 0,4% del PBI ($60.000 millones), aún mayor a la cuenta de este año, lo que implicará aumento de tarifas de servicios públicos bien por arriba de la inflación. Recorte en la transferencia a provincias (-0,3% del PBI); y de salarios públicos y gastos de funcionamiento en términos reales (-0,2% del PBI).
El Gobierno se guarda dentro del acuerdo un mínimo margen de maniobra que denominó cláusula social: 0,2% del PBI (unos 30.000 millones) podría flexibilizarse la meta sin consulta al Fondo para incrementar gastos sociales "si las condiciones sociales empeoran". Incluso, en el comunicado del Fondo se dice que "si la economía se desacelera o el desempleo sube más rápido de lo previsto actualmente", se podría ampliar con esos recursos extra la cobertura social.
