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l diputado Oscar Alarcón logró que su iniciativa de crear el Banco Provincial de Alimentos tenga dictamen favorable después de meses de tratamiento en la comisión de Salud de la Cámara de Representantes. El Banco será responsable de recepcionar todas las donaciones de productos alimenticios para distribuirlas “equitativamente entre familias, sectores poblacionales necesitados, y/u organizaciones
comunitarias según corresponda”. De esta manera el Estado se hace responsable del circuito de las donaciones de alimentos que están dificultadas por la ausencia de un marco regulatorio que reclaman los grandes donantes para que la intención del “buen sanmaritano” no se les vuelva en contra por eventuales contingencias judiciales. Algo que pareciera tan sencillo como donar antes de tirar alimentos como lo hacen grandes empresas se complica precisamente por los riesgos de verse envueltos en denuncias por eventuales intoxicaciones u otras complicaciones derivadas del posible mal estado o vencimiento de la comida que se tira.
El tratamiento de la ley Alarcón tuvo también el empuje de otra iniciativa de Cacho Bárbaro, del Pays, que había presentado también un proyecto de ley pero pensando en instituir un Régimen para la donación de alimentos en el ámbito de la Provincia de Misiones, con el mismo objeto de impulsar acciones solidarias tendientes a satisfacer necesidades alimentarias de la población vulnerable.
Uno de las cuestiones centrales del debate entre Banco o Régimen estaba en definir la responsabilidad del Estado que para Alarcón es irrenunciable. Hizo hincapié hoy en que el Banco funcionará articuladamente con las políticas sociales que ya aplica el Estado. Aunque el proyecto del Pays, que hoy fue defendido por Isaac Lenguaza, también destacaba la responsabilidad del Estado, lo limitaba a “regular una realidad que no nos gusta pero que debe ser considerada por las leyes para facilitar que el espíritu altruista de los voluntarios, donatarios, donantes”.
La ley que hoy tuvo dictamen no reniega del arduo y comprometido trabajo que realizan ONGs, al contrario, establece que “la Autoridad de Aplicación, podrá celebrar convenios de colaboración con otros Bancos de Alimentos del país, a fin de ampliar la base de donantes del Banco Provincial de Alimentos”. Pero deja en claro que la responsabilidad del Estado no se delega en las organizaciones de la sociedad civil.
Tirar comida es un escándalo moral
En los fundamentos del proyecto, Alarcón señala que “las empresas y organismos generadores de alimentos, sin el marco regulatorio adecuado, hoy prefieren tirar a la basura los alimentos que tienen en sobra, antes de afrontar la posibilidad de contingencias judiciales al brindarlas a los más necesitados. Es impostergable la necesidad de implementar una solución colectiva sustentable en el tiempo a este flagelo del hambre hasta tanto pueda definirse que no existe más la necesidad. Esta ley no necesita de cuestiones o tecnicismos para su puesta en marcha, sino que necesita del sentido común y de la buena voluntad de aquellos que tienen el poder de ayudar para destinar mucho de los alimentos que sobran y se tiran sin aprovechar”.
Explica que “muchas empresas gastronómicas y de producción de alimentos, presentan sobrantes en su producción ya sea por cantidad de cubiertos servidos o por producciones mayores a la demanda esperada, incluyendo también las fallas de presentación en sus productos o sus servicios. El razonamiento lógico es que habiendo personas que sufren falta de alimentos o alimentación inadecuada en un país en donde se producen más alimentos que los que se consumen, no podemos dejar de lado nuestro deber ético y moral de hacer algo por aquellos que más necesitan”.
Toneladas de comida a la basura
Precisaba el año pasado Alarcón que “a nivel mundial se estima que 1300 millones de toneladas de alimentos son desperdiciadas o desechadas anualmente, un derroche inaceptable si consideramos que casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo. Una de cada ocho personas en el mundo sufre hambre crónica. Esto significa que 850 millones de individuos habitualmente no comen lo suficiente para llevar una vida activa. Anualmente se producen 4000 millones de toneladas de alimentos en el mundo de las cuales sólo la mitad llega a consumirse y se descartan al menos 2000 millones de toneladas de comida en buen estado”.
En los fundamentos del proyecto de Bárbaro se agregaba que “cada año, los argentinos mandan al tacho de basura una tonelada y media de comida. Son 362 kilos por persona/año (30 kilos por mes) de alimento desperdiciado, según cálculos oficiales del Ministerio de Agroindustrias de la Nación. Aunque la cifra nos ubica muy lejos de Estados Unidos o Europa –donde lo que se tira llega a 115 kilos– también nos deja como uno de los países que más comida desperdicia en América Latina, donde la media no supera los 25 kilos por persona y por mes. Misiones no es la excepción. En Posadas existe el grupo de voluntarios del Proyecto Plato Lleno, que desde hace dos años realiza rescates de comida apta para el consumo (excedentes, no sobras) con el fin de evitar su desperdicio, y que, con un enorme esfuerzo y marcado compromiso, acerca esa comida –en condiciones higiénicas y de conservación adecuada– a comedores, merenderos y hogares. En este tiempo de existencia realizaron más de 300 “rescates” de alimentos que sumaron casi 10 mil kilos de comida que, de otro modo, hubiesen ido a parar a la basura. Estos rescates representaron 18 mil raciones de alimento consumidos por chicos, adultos y ancianos en situación de extrema necesidad”.
Legislaciones comparadas
¿Por qué una cuestión de sentido común necesita una ley que regule las donaciones?
Alarcón observa que hay que tener en cuenta que países económicamente y socialmente más avanzados que el nuestro disponen de este tipo de legislación nombradas normalmente del
“buen Samaritano”, como el caso de Francia, que se transformó en febrero de 2016, en el primer país que prohíbe la destrucción de alimentos que no se venden por razones estéticas o fecha de vencimiento cercana, con la promulgación de una ley contra el desperdicio alimentario. Esta ley obliga a los supermercados a firmar acuerdos de donación con organizaciones de caridad y bancos de comida. Asimismo, establece una serie de medidas contra el desperdicio de alimentos, las que van desde la concientización ciudadana hasta el compostaje, pasando por la donación de los excedentes por parte de la industria alimentaria.
Así también Italia con la Ley Despilfarro Cero, normativa que alcanza a productores, vendedores y ciudadanos particulares; igual es el caso de Colombia, Perú, Chile con la Ley Anti Desperdicio, México Ley de Donación Altruista de Alimentos, etc.
No sólo es una cuestión ética tirar a la basura lo que otros necesitan, sino que también tiene altos impactos ambientales y económicos. Las pérdidas por los alimentos que desperdiciamos son multimillonarias a nivel mundial, por lo tanto éste debe ser un tema en nuestra agenda hoy”.
Las dificultades de la regulación quedan en evidencia que “a nivel nacional en el año 2004 se sancionó de la Ley 25.989 con la intención de contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable. Sin embrago una vez aprobada por el Congreso Nacional fue vetado por el Poder Ejecutivo el artículo 9º referido a la responsabilidad de las partes intervinientes en la donación. Dicho artículo era fundamental para cumplir con los objetivos de la Ley ya que tal como vemos en la práctica, al haber sido vetado dicho artículo, quienes podrían donar alimentos no lo hacen por temor a que cualquier daño que causaren los alimentos donados en la salud de un beneficiario implicaría un juicio en su contra o su responsabilidad por los perjuicios causados. Es por este motivo, que el presente proyecto busca brindar un marco regulatorio que pueda dar seguridad a los donantes para que en lugar de desperdiciar los alimentos, lo donen solidariamente al Banco de Alimentos para que éste lo distribuya según las diferentes necesidades”.
En el país se tira a la basura una tonelada y media de comida al año.
