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esde la administración de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado (Ceel) se presentó un pedido de recusación con expresión de causa contra la doctora Nuria Allou, titular del juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.
En la presentación realizada el viernes28 de septiembre, el abogado José Aranda plantea que la causa podría incurrirse en “la pérdida y falta de imparcialidad” de la magistrada.
Solicita por tal razón que la jueza “se aparte de entender en esta causa y remita el expediente al jugado que corresponda”. Ello al indicar que Juan Carlos Florentín -esposo de Allou- tiene “activa participación en la Lista Multicolor” que hizo la denuncia original. Allí los denunciantes plantearon recurrir a la Justicia para conocer detalles de cómo se encaró el revalúo de bienes de la Ceel. Cuestionan el modelo adoptado por la administración de la entidad, planteando que no es válido, y sugiere que se hizo de esta manera para evitar el patrimonio neto negativo.
Según la denuncia los denunciantes cuestionaron que el balance “no presenta razonablemente la situación patrimonial y, en consecuencia, tampoco el patrimonio neto de la cooperativa”.
Según la citada presentación, los delegados distritales solicitaron entonces que se investigue si la técnica del revalúo aplicado al Balance del Ejercicio número 66 -que fue aprobado por la Asamblea de Delegados-, es legal .
Ahora, según el escrito elevado por Aranda, entre los denunciantes de la Lista Multicolor se encuentra con activa participación el esposo de la jueza. Afirman que la citada participación queda acreditada en las distintas fotografías adjuntadas en el pedido de recusación.
“Obedece a que los denunciantes del hecho bajo investigación son los socios de la Ceel, delegados de la Lista Multicolor, de que según las redes sociales, el marido de la jueza es parte, pues de las fotografías publicadas en Facebook se corrobora esta situación”.
Antecedente
En forma previa, recuerdan que en una anterior causa la misma jueza había emitido opiniones en contra de uno de los defensores del presidente de la Ceel, Alberto Romero.
En el escrito, Romero sostiene ahora que se ve obligado “a plantear esta petición, a fin de garantizar mis legítimos derechos”.
Aranda añade que “está en juego no sólo la libertad” del denunciado “sino además la garantía del debido proceso”.
Respecto del anterior antecedente, se había presentado una situación similar por lo cual la Cámara de Apelaciones de Posadas con el voto de José Alberto López, había considerado que se ponía “en duda la legalidad y el debido proceso, haciendo presumir la pérdida y falta de imparcialidad” de la citada magistrada.
Ello al añadirse que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en el que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento.
Al pedir la recusación, se reservan de recurrir en las instancias superiores de ser necesario en casación o en recurso federal extraordinario.
La denuncia y el revalúo
Los integrantes de la Lista Multicolor habían planteado sus dudas de que se reflejara el verdadero estado patrimonial de la Ceel, razón por la cual recurrieron a la vía judicial. El revalúo mencionado se encuentra regulado por normas técnicas, según la resolución 31 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Desde la administración de la Ceel habían indicado que se han cumplimentado con los requisitos previstos realizándose con personal idóneo en la materia, habilitado por la norma, permitiendo el modelo de revaluación proveer mejor información patrimonial del ente dejando de lado valores históricos que no representan la realidad. Desde la Ceel habían detallado que se han revaluado inmuebles, redes de energía y transformadores, “los cuales son fundamentales para la prestación del servicio y son los que permitirán futuros flujos de ingresos a la entidad no por su venta, sino por su utilización económica”. Afirman que el saldo de dicho revalúo “pasa a formar parte del patrimonio y no del resultado del ejercicio, el cual permanece inalterado”.
