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l gobierno nacional avanzará con el nuevo Régimen Penal Juvenil. El Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.
La principal novedad en la letra del texto tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.
Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes. La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que reemplace a la Ley 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.
Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el kirchnerismo se opondrá.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
En todos los casos, como se apunta en el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
Además se incorporan "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos", como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los jóvenes que pueden ser declarados imputables. Movilizados por el impacto que provocó el caso de “El Polaquito”, el chico de 12 años que según dijo en una entrevista televisiva mató a un “transa” que no le quiso dar droga y fue acusado de robar en un jardín de infantes en Lanús, quienes trabajaron en las ocho mesas de trabajo que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los artículos 85 y 86 del proyecto, la “respuesta a inimputables” que tiene que dar el Estado.
De ese modo, en los casos en que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario -integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
“Hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”, razonan en el Gobierno.
“Esto plantea un cambio de paradigma. Hoy hay un modelo tutelar, en el que el juez decide discrecionalmente. Proponemos adecuar la ley a la Constitución y a los parámetros internacionales, dijo a Clarín el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez.
