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AGENDA PRESIDENCIAL

30/04/2020

Alberto Fernández y una agenda no deseada: descabezó la Anses y estalló la polémica por la liberación de presos

El despido de Alejandro Vanoli es atribuido a tensiones sobre la asistencia social en la pandemia. Pero, además, muestra un ejemplo de áreas del Estado con primeras y segundas líneas enfrentadas.

Alberto Fernández y una agenda no deseada: descabezó la Anses y estalló la polémica por la liberación de presos
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o hubo asombro, para nada, pero sí cierta electricidad en el circuito oficialista: el final de Alejandro Vanoli como jefe de la Anses apenas esperaba fecha, pero no está claro si será el único malestar con desenlace traumático. Alberto Fernández encomendó a Santiago Cafiero formalizar su orden. Cumplido el trámite por el jefe de Gabinete y difundida la decisión, estaba claro en el oficialismo que el impacto público era un dato potente en sí mismo. Primera baja significativa. Y en el final de un día marcado por el fuerte malestar presidencial frente al giro de rechazo que había terminado de tomar la excarcelación de presos en medio de la cuarentena. Dos renglones de una agenda no deseada y con mensaje interno.

El despido de Vanoli tuvo como argumento expreso una crítica a la falta de reacción en tiempo y forma frente a las “necesidades de la gente”. Una manera de aludir a la más reciente pulseada por el modo de garantizar y extender la asistencia del Ingreso Familiar de Emergencia. Hace días que circulaba información sobre puntos de vistas enfrentados, con Desarrollo Social en primer lugar, pero también con otros ministros preocupados por las cifras de deterioro social agravado, mucho, a partir de la cuarentena. En rigor, es un tema, no el único.

En primer lugar, está la historia que comenzó a ser escrita en diciembre con la designación de funcionarios. Y que ahora asoma con resultado sonoro. Se trata de áreas –ministerios, organismos del Estado- con primeras y segundas líneas de origen interno diferente y en tensión. En el caso de la Anses, entre Vanoli y los siguientes escalones orgánicos, en manos de integrante de La Cámpora, empezando por el segundo, Santiago Fraschina. Esa historia empezó con una muy fuerte discusión, más que áspera. Algunos de los cuestionamientos al saliente director ejecutivo tendrían origen doméstico.

Por supuesto, un pico de malestar presidencial fue producido por aquellas enormes colas de jubilados frente a los bancos, a principios de abril. Vanoli fue el más castigado, aunque no faltaron críticas, en un nivel menor, al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce. También, quedaron recelos con intendentes del GBA, porque varios se mostraron lejanos y hasta desinteresados en dar respuesta de emergencia para contener al menos la situación.

Nada fue sencillo después. Vanoli recibía cuestionamientos por la “lentitud” para resolver la inscripción y el pago del IFE. Todo ese movimiento recién concluiría en junio, con el cobro en ventanillas del Correo para quienes no están bancarizados. La inscripción, se sabe, superó todos los cálculos: pasado el tamiz, quedaron casi 8 millones de beneficiarios. Desde la Casa Rosada, venían empujando la extensión de ese ingreso por al menos dos meses. Y desde la Anses proponían buscar otra salida. El control de semejante asistencia no habría sido un elemento menor en esas pulseadas.

Pesce es el otro protagonista de aquel escándalo de las colas de jubilados, aunque de segundo orden según la mirada atribuida al Presidente. Enfrenta en estos días algunas diferencias con Martín Guzmán. Las especulaciones sobre tales desencuentros difieren: para algunos, están dentro de los márgenes razonables entre un presidente del Banco Central y un jefe de Economía; para otros, estaría en situación delicada porque Guzmán hoy en día no podría ser ni siquiera rozado.

Como sea, la decisión de despedir a Vanoli expresa el fuerte malestar presidencial –por esa y otras cuestiones de la gestión de la Anses- pero en sentido más amplio transmite un mensaje repetido aunque ahora aumentado: no habría mucho espacio para los errores y los costos autogenerados.

En esa lista, se anotan cuestiones como la compra de alimentos con sobreprecios -que gatilló cierta poda en la segunda línea de Desarrollo Social luego de ser ratificado el aval a Daniel Arroyo- y algunas cuestiones más recientes que corren el foco de la pandemia y las medidas para tratar de amortiguar el enorme costo social y económico. Sólo la deuda, en la visión presidencial, puede asimilarse a ese nivel prioritario. El desenlace de la disputa con los acreedores externos definiría buena parte de la historia que viene. En espejo, el coronavirus transforma el futuro económico en un doble desafío.

Son varios los puntos agregados al temario para malestar de Olivos y tienen diferente huella pública. En ese listado, se anotan desde alguna gestión para lograr excarcelaciones de ex funcionarios o allegados al círculo K, hasta la reciente ofensiva de Cristina Kirchner sobre la Corte Suprema, a cuento de las sesiones del Congreso.

La cuestión de los presos tuvo un impacto inesperado o mal medido por el Gobierno. El oficialismo no logró encuadrar la cuestión nunca. En primer lugar, porque los encargados del área no habrían previsto medidas frente al real riesgo de contagios en un sistema carcelario siempre superado y en malas condiciones. Eso, con el agregado de señales previas a la pandemia sobre la “necesidad” de achicar el número de presos, especialmente en el sistema bonaerense. Y con un mensaje pésimo, como la consideración del caso de Amado Boudou por parte de la Justicia o el pedido oficial por Ricardo Jaime.

El Gobierno señala a la Justicia como única instancia de resolución de excarcelaciones. Pero difícilmente pueda ignorar sus mensajes –o la de algunos de sus referentes en esta materia- y la falta de respuesta inmediata, tal vez con una conferencia de prensa, para exponer la posición oficial y tratar de frenar presiones o especulaciones.

 Alberto Fernández dedicó ayer siete tuits al tema. Y otros tres aportó Axel Kicillof. Dicen que el Presidente estaba realmente molesto por la falta de discurso unificado y por disputas en la amplia gama del oficialismo –por ejemplo, entre Sergio Berni y Raúl Zaffaroni- además de enojado por el modo en que iba creciendo el tema y por la reacción opositora. Rechazó cualquier idea de indulto. Advirtió sobre situaciones de riesgo de contagio en las cárceles y destacó que la solución es judicial, considerando características y situación procesal de los presos.

El mensaje no pudo o no quiso eludir el recurso de colocar todo el problema fuera de los límites del oficialismo. Habló de una “malintencionada campaña desatada en redes y medios de comunicación”. Mal reflejo.

 

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