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BENEFICIOS SOCIALES

08/08/2022

Las organizaciones sociales manejan el 80% del Potenciar Trabajo y el Gobierno apura la auditoría

Juan Zabaleta mantendrá encuentros con intendentes bonaerenses para definir la logística de la revisión del programa. El foco también estará puesto en el rol de las agrupaciones. Los detalles del plan.

Las organizaciones sociales manejan el 80% del Potenciar Trabajo y el Gobierno apura la auditoría
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l Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta se prepara para iniciar en tan solo días la auditoría sobre el plan Potenciar Trabajo, a través del cual 1,3 millones de personas cobran la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias.

Se prevé que el proceso de revisión de cada caso comienzo el próximo 15 de agosto y según pudo saber TN en el Gobierno delinean los detalles de la auditoría que llevarán adelante las universidades y que tendrá dos ejes: verificar que los beneficiarios efectivamente realicen el trabajo por el que cobran el beneficio y, por otro lado, tener un mayor control sobre las organizaciones sociales y entidades que tienen a su cargo la designación de las tareas de cada persona.

Es que en el Potenciar Trabajo el 80% de los planes está controlado por entidades no gubernamentales, es decir, organizaciones sociales, ONG y la Iglesia, entre otros. Son las denominadas Unidades de Gestión, es decir, las que definen la empresa, rubro o curso que tomará el beneficiario del plan. Los municipios y provincias solo manejan el 20% de esta iniciativa.

El Gobierno se prepara para empezar la auditoría sobre los planes sociales

“Lo que se quiere verificar no es solamente si el beneficiario cumple con su parte, sino también que las unidades de gestión lo hagan”, le dijo a al sitio TN una fuente al tanto de la auditoría. A modo de ejemplo, si el Polo Obrero maneja 500 cursos textiles para trabajadores en la localidad de Moreno, la auditoría verificará que efectivamente esta organización social se encargue de que se dicte la cursada. De aquí que se entiende los motivos por los que esta iniciativa despierta enojo en estas asociaciones.

Las unidades de gestión están obligadas a reportar los casos en los que los beneficiarios no cumplan con la contraprestación. Ahora se podrá verificar si hubo casos en los que los movimientos conocían de personas que cobraban el plan sin ir a trabajar o tomar el curso y no lo reportaron.

Una planilla de seis hojas: cómo será la auditoría a los beneficiarios del Potenciar Trabajo

Antes de iniciar las auditorías, está previsto que el ministro Juan Zabaleta se reúna con intendentes de la primera y tercera sección electoral. Se trabaja en un único encuentro en el que estén presentes todos los jefes comunales con los que se coordinará el inicio de este trabajo. Aún no está definido por dónde se comenzará, pero todo indica que las primeras auditorías se desarrollarán en el conurbano.

Se espera que los municipios presten instalaciones para que los trabajadores de las Universidades nacionales puedan llevar adelante la encuesta, que tendrá seis hojas y en la que se le preguntará al beneficiario del Potenciar Trabajo sobre sus capacidades, nivel de formación, capacitaciones, si se desempeña en el mercado informal y cuál es su conformación laboral.

De acuerdo a la resolución 835/2022 buena parte de la auditoría será realizada por integrantes de las Universidades Nacionales, con las que Desarrollo Social cerró convenios.

Qué pasa si una persona no realiza la contraprestación por la que recibe el beneficio

Actualmente, el programa contempla un paso a paso sobre cómo actuar en caso de que un beneficiario no cumple con la contraprestación acordada. Si un mes no concurre a su trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social le recorta el 50% su beneficio. Si al mes siguiente vuelve a ausentarse no se le paga el plan y en el tercer mes lo hace de nuevo, se da de baja del sistema.

La auditoría también permitirá saber por qué esa persona no concurrió a su trabajo o curso. Puede ocurrir que la pequeña empresa textil o alimenticia haya cerrado durante el proceso y que la unidad de gestión ya sea una organización social o municipio/provincia no hayan notificado de esta situación.

En diciembre pasado se puso en marcha un mecanismo a través del que los beneficiarios pueden pedir que los cambien a otras unidades de gestión con otras características. A modo de ejemplo, si un beneficiario trabajaba en una unidad en Moreno y se mudó a Avellaneda puede solicitar el traslado.

El anuncio de la decisión de la cartera que conduce Juan Zabaleta se produjo semanas después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner arremetiera contra las organizaciones sociales y sostuvo que el “Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”.

No solo Cristina Kirchner está interesada en el manejo de los planes sociales. En su asunción como ministro de Economía, Massa dijo que en los próximos 12 meses se auditarán los planes sociales y puso el 15 de agosto como fecha de inicio de estas tareas. Cerca de Juan Zabaleta dicen que esa fecha no estaba del todo definida. Entienden que el líder del Frente Renovador buscó poner un poquito de presión para que la revisión se inicie cuanto antes.

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