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esde el sábado pasado, el jefe de la Policía de la Ciudad, se encontraba suspendido de sus funciones por orden del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Jose Pedro Potocar, fue involucrado a partir de testimonios que lo sindicaron como el destinatario final de coimas cobradas a comerciantes, y también porque constan en el expediente anotaciones en un cuaderno sobre los canales de pagos ilegales.
En la causa ya están procesados con prisión preventiva dos altos oficiales de la Policía Federal por el delito de "asociación ilícita", por el cobro de dinero a locales a cambio de protección, en los barrios de Núñez y Saavedra, y donde quedó bajo la lupa la comisaría 35.
Hasta el momento, están detenidos con prisión preventiva la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Marcelo Stefanetti, ambos integrantes de la Comisaria 35, a quienes además se trabó embargo por 350 mil pesos.
A Aveni, considerada "jefa" de la organización, la Cámara del Crimen le negó la excarcelación; en tanto que Stefanetti es señalado como uno de los miembros junto al comisario Norberto Villareal –prófugo desde el 2 de noviembre pasado- y el cuarto jefe de la dependencia, Alberto José Codaro.
Respecto a Codaro, la Sala VII del Tribunal de Alzada consideró que "de momento no se advierte configurado un peligro procesal que amerite su encierro cautelar", por lo que revocaron la denegatoria de la exención de prisión y la concedieron, imponiéndole una caución real de 30 mil pesos y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juez de instrucción, informó el sitio oficial del Ministerio Público de Fiscal.
Según consta en la causa, "se han podido comprobar el espurio pago que era recibido a contramano de los mandatos legales y, además, las evidentes contraprestaciones que brindaba la cúpula de la comisaría 35 para garantizar la perpetuidad de sus ingresos".
Potocar, antes de ser jefe policial, fue jefe de la Dirección General de Comisarías, y en un allanamiento realizado a la Comisaría 35 se secuestró del despacho del comisario Villarreal un cuaderno con anotaciones del destino de los pagos ilegales, y uno consignaba la sigla "DGC".
A ello se suma la declaración de un "arrepentido", que detalló que el monto de recaudación, tanto como para Villarreal como a Potocar, era de aproximadamente 35 mil a 40 mil por mes.
