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demás, indicó que el dinero que se le otorgó a quienes no llevaron adelante la medida de fuerza sea considerado como un adelanto de futuros sueldos.
El fallo lleva la firma de la jueza María Ventura Martínez y significa un alivio para el bolsillo de los docentes. El reclamo planteado por la seccional provincial del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) señalaba que la Comunicación nº53 de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (Dipregep) violaba las medidas cautelares de los días 15 y 23 de marzo en las que se ordenaba al Poder Ejecutivo que se abstuviera de llevar adelante "todo acto que altere, restrinja, limite o afecte la libertad de los trabajadores de la educación".
"La importancia reside en el no descuento de los días de paro a quienes ejercieron un derecho constitucional; y condenar la improcedencia de un premio que pretendió quebrar la huelga", dijo Marina Jaureguiberry, secretaria gremial de Sadop.
Y añadió: "Nuestra presentación fue contra una comunicación de la Dipregep que planteaba la devolución del subsidio en aquellas escuelas donde los docentes hubieran realizado la medida de fuerza. Consideramos que se estaba vulnerando los fallos judiciales. Estaba contraviniendo lo que la jueza había planteado en las cautelares. En ese sentido este fallo nos da la razón".
El Estado provincial debe reponer la subvención a los establecimientos privados. Además, la jueza hizo lugar al reclamo y ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Alejandro Finocchiaro, a no realizar los descuentos por días de paro. También indicó que a quienes ya hayan recibido los descuentos se les devuelva el dinero.
Otro tema que toca el fallo es el bono que había anunciado la gobernadora María Eugenia Vidal para quienes no hubieran hecho paro. En este caso, la jueza expresó que esa plata deberá considerarse "a cuenta -adelanto- de próximas liquidaciones a los fines de mantener la igualdad remunerativa". Esto significa que no podrán cobrar más quienes asistieron a dar clases en los días de paro.
En la última parte del texto, la jueza exhorta a ambas partes del conflicto a que lleguen a un acuerdo "en el plazo de los 30 días corridos".
