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a posible connivencia de internos y guardiacárceles en la Unidad Penal III para el ingreso de celulares y estupefacientes, entre otros beneficios facilitados a cambio de dinero, derivó en la apertura de una investigación judicial impulsada por la fiscal Bibiana María Alderice y llevada adelante por la magistrada Nuria Allou, titular del Juzgado de Instrucción Dos local.
Según se pudo saber en base a fuentes seguras con acceso al expediente, la Justicia puso bajo la lupa el desempeño del personal del Servicio Penitenciario que trabaja en el complejo y la causa fue caratulada como violación de los deberes del funcionario público, abuso de autoridad y concusión. Incluso ya se citaron a declarar a algunos testigos y solicitaron varias medidas.
Las fuentes detallaron que la pesquisa se inició a partir de los informes remitidos por el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), quien realizó una pesquisa especial luego de que El Territorio denunciara de forma pública los desmanejos que ocurren puertas adentro del penal en base a guardiacárceles, familiares de internos y ex convictos. Allí se desnudaron visitas especiales, ingreso de drogas y aparatos telefónicos y beneficios de presos vip.
Incluso la magistrada Alderice pidió que se incorpore como prueba dicho artículo publicado el domingo 22 de octubre y titulado Unidad Penal III: la corrupción sigue vigente a pesar del escándalo en 2013. Más allá de eso, también se hizo hincapié sobre la llamada de un presunto interno a una radio local al día siguiente, cuyo audio se viralizó y terminó con el desembarco de Grupo de Intervenciones Especiales en la unidad carcelaria.
“Vi muchos pasamanos, muchos guardiacárceles que facilitan el ingreso de estupefacientes dentro de esta unidad, como así también celulares”, arrancó diciendo el hombre quien dijo llamarse Antonio Pareyra, aunque desde la Justicia y el propio Servicio consideraron que se apellido real es Da Rosa.
“Una de las cosas más claras que sucedió en los últimos días fue que un interno de nombre Marcelo Leal golpeó a personal del Servicio Penitenciario y como es uno que vende celulares y estupefacientes sigue estando como si nada pasó”, agregó el entrevistado en el programa local Página abierta.
“Hay una desigualdad y una impunidad tremenda. Por lo que vi y pude hacer una filmación una señora está dando estupefacientes a una guardiacárcel, que es la recepcionista, ahí enfrente de esta unidad”, denunció al aire. En teoría el interno que vende la droga tiene esta alojado en el sector de “confianza” y, a pesar de sus conflictos, no es trasladado debido a que tiene amenazado a los jefes con quienes tiene “negocios”.
Ese fue un punto de inflexión y disparó una investigación interna en el Servicio Penitenciario que ahora se judicializó. El 24 de octubre, al día siguiente de la llamada, se concretó la requisa especial por el mencionado grupo, cuyos uniformados encontraron cuatro teléfonos celulares, además de facas y pequeñas cantidades marihuana.
Los informes primeramente fueron remitidos al Juzgado de Instrucción Uno, a cargo de Roberto Saldaña, pero el juez no estaba de turno en octubre. Con las suspicacias que generó el hecho, la jueza Allou pidió los documentos y corrió vista para que la fiscal analice derivar la investigación a la Justicia Federal por considerar que había “comercialización de estupefacientes”.
Finalmente, se decidió investigar al personal, pero también enviar el expediente al Juzgado Federal local, a cargo de Miguel Ángel Guerrero.
Negó todo
Durante esta semana, el interno Da Rosa, que al igual que Leal fue trasladado a Posadas luego de la inspección, fue llevado a declarar ante la fiscal y la jueza. En sede judicial, el hombre negó ser quien llamó a la radio pero aportó datos que fueron muy considerados por las autoridades que llevan adelante la pesquisa, que también tiene otras dos causas abiertas sobre el penal.
Da Rosa expresó que esa llamada a la radio podría deberse a una disputa entre propios guardiacárceles con posibilidades de ascender y ocupar puestos de jerarquía en la unidad. Es decir, las irregularidades son sacadas a las luz por el propio personal para perjudicar a sus colegas y ganar consideración en la institución.
Da Rosa expresó que antes de la inspección especial se habían hecho otras requisas donde también se incautaron teléfonos celulares. Agregó que estos no fueron informados porque contienen información que podría comprometer al personal, como conversaciones con los funcionarios.
Sobre este punto, desde la Justicia se mostraron muy molestos sobre los informes remitidos por el Servicio Penitenciario. Según se pudo saber, se trata de un documento muy escueto y la presencia de los teléfonos nunca se reportó y ni tampoco llegaron a manos de la jueza los aparatos secuestrados para las pericias correspondientes. Es más, el resultado de la requisa del 24 de octubre llegó a la Justicia mediante la información exclusiva publicada por este matutino.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción Dos también lleva adelante una investigación por apremios impulsada por la Comisión de Prevención Contra la Tortura. Por esta razón se hizo una inspección ocular donde constataron que los internos viven en "condiciones inhumanas".
El artículo que incorporó la fiscal
Eldorado. En el artículo del 22 de octubre que forma parte del expediente judicial El Territorio destapó las maniobras corruptas en base a propios guardiacárceles, familiares de internos y ex convictos consultados.
Los informantes relataron los beneficios especiales que tiene un grupo de internos, sobre todo cuatro hermanos Fleitas condenados a perpetua por homicidio, quienes manejan aparatos celulares y serían los dueños del negocio de las drogas desde el módulo B.
“Tienen secuaces en todas las guardias, a quienes les cocinan a cambio de que se les informen el día de requisa”, expresó uno de los trabajadores de la cárcel consultado oportunamente. Luego de la publicación, los mismo fueron separados de pabellón.
Conocedores de los movimientos muros adentro detallaron que la droga entró en varias oportunidades “de a ladrillos” y una de las maniobras utilizadas en disimularla entre bolsas de carbón mediante visitas excepcionales en días de semana. Este beneficio de visitas en días no habilitados alcanza a varios internos.
Otra de las cuestiones es el uso a celulares que tienen los internos, quienes manejan perfiles falsos de Facebook y, entre otras cosas, comparten su vida puertas adentro. Uno de ellos es Agustín Martins, capitán del equipo de rugby del penal, quien se mostró con una computadora en el regazo y un teléfono en la mano. Martins también será citado a declarar, según se pudo saber.
El caso más emblemático es el del empresario Carlos Dalmasso, quien según expresó uno de los internos que tenía salidas no autorizadas entre 2011 y 2013, le compraba las mercaderías de los internos para venderlas en su negocio. Está condenado por abuso sexual.
Además de celular y computadora, tendría información diaria desde sus cercanos mediante un interno del sector abierto que trabaja en la casa de su mujer. Este hombre le lleva las mercaderías que quiere y cuando quiere.
FUENTE EL TERRITORIO
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