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n nuevo inciso en el artículo 34, dedicado a los casos que no serán punibles. En total, el anteproyecto que el oficialismo empuja incluye 9 incisos. El número 4 se refiere a los integrantes de las fuerzas policiales. “El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. El miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber, y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, dice el texto elaborado por una comisión de juristas y supervisado por la mesa judicial del oficialismo.
La semana pasada un funcionario con despacho en la Casa Rosada, algo molesto por la presunta falta de precisión periodística, afirmaba que el Protocolo estaba incluido para todas las fuerzas en el nuevo Código Penal y que obligaría a todas las provincias a adherir “de hecho”.
En rigor, no será así: el nuevo proyecto apela a los respectivos protocolos de seguridad de cada jurisdicción. Cada agente de cada fuerza será juzgado según su propio protocolo, si el nuevo Código es aprobado con el inciso en cuestión. En el caso de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, por el Protocolo firmado por Bullrich, que sirvió para homogeneizar los reglamentos de las tres fuerzas.
Cerca de la ministra explicaron que el Código Penal vigente solo estaba enfocado en la defensa propia de los civiles más que en las fuerzas de Seguridad. Solo se explicitaba a aquellos que obraran en “cumplimiento del deber” y por “obediencia debida”.
El juez Mariano Borinsky, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación y responsable de la Comisión para la reforma del Código Penal en la que participaron más de 500 profesionales, valoró el inciso añadido. "El artículo 34 inciso 4 establece por primera vez la condición en que no será punible que un miembro de una fuerza de seguridad que en cumplimiento de deber y en uso reglamentario de su arma cause lesiones o muerte. Sin este inciso, faltaba la ley marco", sostuvo el magistrado.
La salvedad es que el uso reglamentario de armas quedará definido por cada uno de los protocolos provinciales.
Otros de los jueces que integran la comisión que preside Borinsky afirman que la intención original del Ejecutivo era aprobar el Código en mayo junto a la publicación del nuevo Protocolo, pero el debate por el aborto en el Congreso obligó a postergarlo. Los juristas rechazan la viabilidad de sancionar un reglamento unificado para todas las fuerzas nacionales y provinciales, porque violaría la autonomía de los distritos. En el Gobierno, también lo descartan.
Bullrich no cree que haya consenso para eliminar ese inciso del anteproyecto, que el Gobierno quería tratar este año y la discusión por la legalización del aborto lo dejó afuera del debate. “¿Cuántos criticaron el Protocolo? La enorme mayoría acompañó”, afirma en la intimidad.
