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uego de que el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobara mandar al Poder Ejecutivo las objeciones a los traslados de 10 jueces federales, el Gobierno continuará con su plan para desplazar a estos magistrados y enviará los pliegos al Senado -donde tiene mayoría- para que defina la situación. Según explicaron en Casa Rosada, están convencidos de “actuar con estricto respeto al mandato de la Constitución” y por eso esta decisión debe ser debatida en la Cámara alta.
Tras el voto clave de la diputada Graciela Camaño, que desempató el 6 a 6 en el que estaba congelado el debate, en el oficialismo esperan que el lunes la secretaria Ingrid Jorgensen, que asiste a la diputada, envíe la decisión alcanzada al Poder Ejecutivo, pero también a la Corte Suprema de la Nación.
Es que oficialismo y oposición están divididos en un asunto crucial. En tanto los consejeros vinculados al Gobierno basan su posición en la acordada 4/2018 de la Corte, que se pronunció en contra de que un tribunal oral ordinario juzgue a Cristina Kirchner en causas federales, los consejeros de la oposición se justifican con la acordada 7/2018 de la CSJN.
Allí, en la página 5, dice claramente que “la hipótesis del traslado de un magistrado nacional de la Capital Federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional, con igual o similar competencia material, mediante el consentimiento respectivo, resulta diametralmente diferente de la considerada y definida en la acordada 4/2018″. Lo expresó ante un pedido del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de entonces, Germán Garavano, para los casos de los jueces.
Sin embargo, Camaño piensa otra cosa, según lo transmitió en declaraciones radiales. En concreto, que “solamente alcanza con leer las acordadas 4º y 7º de la Corte para darse cuenta que esos traslados fueron mal hecho. Se debe enmendar tamaño error”.
De todos modos, las objeciones a las que apunta el oficialismo no son solamente que los pliegos no pasaran por el Senado, sino también a que los traslados se dieron entre distintas jurisdicciones o para tribunales cuyas competencias –los temas que tratan– son distintas.
Ya habiendo logrado la mayoría en el Consejo de la Magistratura, la estrategia del oficialismo es involucrar a la Corte en el proceso de correr a Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata de los juzgados donde fueron designados sin el aval del Senado. Tres de ellos siguen causas de corrupción que vinculan a Cristina Kirchner. Es el caso de Bruglia y Bertuzzi, que integran la Cámara Federal, y el tercero es Castelli, del Tribunal Oral Federal 7.
También hay tres jueces federales que tienen la competencia electoral de Chaco, Jujuy y de Misiones. Son Niremperger, Hansen y Skanata, respectivamente. Otro nombre de relevancia es el de Villena, juez federal de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri hasta que fue apartado del expediente.
Mientras tanto, se espera que el Ministerio de Justicia, a cargo Marcela Losardo, envíe cuanto antes al Senado la resolución tomada por el Consejo de la Magistratura con los nombres de los diez traslados de jueces cuestionados en un solo escrito, evitando que la Cámara se vea obligada a resolver de a un caso, pronunciándose por el fondo.
“Podría revocarlos directamente el Poder Ejecutivo, pero preferimos hacerlo así, siguiendo estrictamente los pasos constitucionales, que la Corte colabore en corregir un error y sea finalmente el Senado el que por terminado este episodio lamentable”, dijo un consejero del Gobierno en diálogo con Infobae.
Y aseguró: “Nosotros no queremos hacer lo que la Constitución no permite, también durante el período de Cristina (Kirchner) hubo un caso cuestionado por las misma razones, para ocupar un juzgado electoral en Misiones. No corresponden esas designaciones y nosotros no vamos a hacer uso de esas prerrogativas, aunque seamos Gobierno”.
En la reunión de ayer, los votos a favor fueron los del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, del representante de los académicos, Diego Molea, del juez Alberto Lugones, de las diputadas peronistas Graciela Camaño y Vanesa Siley y de los senadores del Frente de Todos Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara. En contra votaron el diputado del PRO Pablo Tonelli, los jueces Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, los abogados Marina Sánchez Herrero y Juan Pablo Más Velez y la senadora de la UCR Silvia Giacoppo.
