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signándole al gobernador, Axel Kicillof, los fondos necesarios para hacer frente a las exigencias económicas detrás de las que se encolumnaban los policías rebeldes, el presidente puso sobre la mesa un tema que ha sido tabú y ha permanecido irresuelto, desde el año 1994, fecha de la última reforma Constitucional, en que se incorporó el régimen de coparticipación federal como un sistema estructural de distribución de la recaudación impositiva nacional.
“Nada hace prever el alcance de un acuerdo rápido, en medio de una crisis sin precedente, sobre un tema que viene postergándose desde la década del 90.”
Podrán objetarse las formas, el momento y el mecanismo adoptado. No es menos legítimo que realizar una Gran Convocatoria de Acuerdo Nacional para tratar el tema. Si acaso hubiera sido ése el mecanismo adoptado, nada hace prever el alcance de un acuerdo rápido, en medio de una crisis sin precedente, sobre un tema que viene postergándose desde la década del 90.
La voluntad expresada por los constituyentes de Santa Fe, todavía no pudo plasmarse en la realidad, desde ya casi 30 años. Tanto es así, que el régimen de coparticipación federal se rige en la actualidad por una ley transitoria, del año 1988. Esa ley establece tanto la distribución primaria, entre el porcentaje que corresponde a la Nación y las provincias, como la distribución secundaria de las provincias entre sí.
Salvando las distancias, la solución a la que apeló el presidente Fernández, es a las provincias, lo que la definición de la presidencia del BID, es a Latinoamérica, que es la respuesta de EE.UU al avance de China en la región latinoamericana, que hasta ayer, era considerado, por el país del norte, como su patio trasero que terminaba, difusamente, en los límites sureños de México.
Aunque parece una cuestión económica, se trata, en realidad, de una decisión política de enorme trascendencia institucional, clave en las relaciones Nación-provincias, con efectos profundos en el sistema político de la Argentina federal.
“un nuevo Régimen de Coparticipación, debería finalizar con un reconocimiento a Misiones por todas las postergaciones, en materia de infraestructura, que ha sufrido a lo largo de su existencia”
Como no podía ser de otro modo, obtuvo el inmediato apoyo de casi todas las provincias, en parte porque sus intereses no fueron afectados, en parte porque subsiste aún las rémoras de ese pasado en que se enfrentaba unitarios y federales y, en parte, porque eso dará pié, seguramente a que, por fin, comience a debatirse este tema, que tiene a Misiones como una de las provincias más relegadas y a la que le urge una modificación que recepte las profundas modificaciones poblacionales que hubieron en las últimas décadas.
Y como bien dice Hugo KOVALSKI , "... Históricamente, Misiones siempre fue relegada en materia de inversiones. Como una cuña entre dos países, las hipótesis de conflicto bélico de los años 70/80, no la calificaban apta desde el poder central, para recibir inversiones en infraestructura, en la creencia de que acción bélica desde Brasil o Paraguay, sería imposible de defender, perdiendo los esfuerzos económicos.... Nuestro empeño se enfoca en lograr que el poder central compense estas asimetrías a través de un plan estratégico tanto en la cuestión geopolítica como en lo económico para posicionar a Misiones como provincia pionera y a la vanguardia de la tecnología, la innovación y la modernización".
Una discusión franca y federal sobre un nuevo Régimen de Coparticipación, debería finalizar con un reconocimiento a Misiones por todas las postergaciones, en materia de infraestructura, que ha sufrido a lo largo de su existencia. Compensación que, necesariamente deberá transformarse en mayores porcentajes y mayor cantidad de obras para potenciar sus recursos naturales y posicionarla frente a la competencia turística, urbanística, desarrollista y con crecimiento sostenible que implica Brasil, frente a Iguazú, o la misma Encarnación, frente a Posadas, que ya ha comenzado a competir de igual a igual, frente a Posadas, para atraer inversiones.
Por supuesto que la reacción del arco opositor, mayoritariamente, fue ganada por las formas, más que por el fondo. Las formas, tal vez no fueron las mejores, porque la discusión del régimen de coparticipación se tiene que dar en el Congreso, en donde cada fuerza política, cada provincia, tiene los legisladores nacionales como para hacerlo de manera transversal, sin banderías políticas. Si así se hiciera, sería una sana muestra de madurez y convivencia institucional, tan necesaria en estos tiempos de tanta crispación política.
