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PER SALTUM

29/09/2020

Dos posiciones claras y muchas dudas en la previa de la definición de la Corte Suprema sobre los jueces desplazados

El Máximo Tribunal vive horas de tensión y afronta las presiones ante una resolución crucial.

Dos posiciones claras y muchas dudas en la previa de la definición de la Corte Suprema sobre los jueces desplazados
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l martes la Corte Suprema de Justicia deberá tratar el pedido de per saltum con el que los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli intentan evitar ser removidos de sus cargos. Se trata de tres magistrados que investigaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El tribunal puede rechazar el pedido de los jueces, admitirlo o incluso otorgar una resolución al conflicto que despertó preocupación en un amplio sector de la población.

El “uno a uno” de la Corte Suprema

En este contexto, dentro del máximo tribunal hay posiciones claras y algunas dudas. El presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz es el único voto seguro a favor de los jueces, es decir, acompañará el pedido de per saltum.

La jueza Elena Highton de Nolasco rechazará el pedido de los magistrados, pese a que en las últimas horas se mostró muy molesta por el reclamo del presidente Alberto Fernández a la Corte para que respete la Ley Micaela. Justamente es ella la encargada de llevar adelante esa tarea de concientización.

Por su parte, Juan Carlos Maqueda no quiere conflictos y avalaría la posición del Senado.

En cuanto a Horacio Rosatti la posición también parecería clara, aunque todo cambia minuto a minuto. El magistrado avaló en su momento la designación de los jueces y acompañaría a los magistrados, pero sus operadores afirman lo contrario. Los más cercanos al integrante del tribunal le dijeron al Gobierno que apoyará la posición del oficialismo. Todo es un misterio.

Por último, hay un fuerte silencio y hermetismo respecto a la decisión que tomará Ricardo Lorenzetti, extitular del tribunal. Su voto podría ser el decisivo. El fin de semana hubo un escrache en la puerta de su casa, en Rafaela. El episodio generó el repudio del presidente Alberto Fernández.

"Quiero solidarizarme con el Doctor Lorenzetti, que ayer sufrió el escrache de un grupo de opositores que fueron a presionar a su vivienda a un juez que tiene que tomar una decisión”, expresó el Presidente. No está claro cuál será la posición del magistrado.

El caso de los jueces desplazados

La Corte Suprema decidirá este martes sobre la situación de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y el juez Germán Castelli, que días atrás fueron removidos de sus cargos luego de que el Senado rechazara los traslados a sus cargos, que se llevaron adelante durante la gestión de Mauricio Macri.

Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y durante la gestión de Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción. Entre otros delitos federales, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.

Por su parte, Castelli pasó de un tribunal oral de San Martín a uno oral federal de la Capital.

El oficialismo cuestionó el traslado de un total de diez jueces durante la gestión de Cambiemos, al argumentar que se decidieron sin cumplir una serie de requisitos necesarios. Entienden que no se respetaron las jurisdicciones, las competencias ni las jerarquías, y que faltó la aprobación del Senado. Por eso, es ese cuerpo legislativo el que ahora los podría devolver a su lugar de origen.

Para la oposición se trata de una maniobra de “impunidad” ya que los camaristas habían fallado contra Cristina Kirchner y porque Castelli debía juzgarla en el caso de los cuadernos de las coimas.

En sus presentaciones, Bruglia, Bertuzzi y Castelli objetaron la revisión de sus traslados, señalando que se hicieron cumpliendo todos los reglamentos vigentes, y recordaron que una acordada de la propia Corte los avala. También, los jueces que investigaron a Cristina Kirchner consideraron que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados de sus cargos con una resolución judicial.

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