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egún la Resolución 1/2021 publicada en el Boletín Oficial, el oficialismo puso en marcha cambios en el Código Procesal Penal Federal. Estos corresponden a la Ley 27.063 del año 2014 y dispone que las penas puedan ser aplicadas una vez que la Corte las apruebe.
Se trata de seis artículos que se pueden aplicar en casos de delitos federales como la trata, el narcotráfico o la corrupción. Respecto a este último, la medida favorece a los exfuncionarios que están procesados con este tipo de causas ya que podrían esperar la sentencia en libertad.
Si bien esta ley fue aprobada en diciembre de 2014, días antes de la asunción de Mauricio Macri, su gobierno modificó algunos códigos, pero ninguno de estos seis. Por otro lado, quien los activó fue la Comisión Bicameral ya que es quien instrumenta la aplicación del Código y la adecuación de la ley actual.
Su implementación iguala el cumplimiento de sentencias para todos los procesados, sin hacer distinciones. Sin embargo, fuentes cercanas a la Bicameral afirmaron que “de existir riesgos procesales, siempre se imponen medidas de coerción, siendo el encarcelamiento preventivo la más gravosas de ellas“.
La oficialización del Código fue en enero de 2019. Sin embargo, su disposición llevaría cuatro años de manera progresiva: primero, en las provincias del norte, y luego en el sur y centro del país.
La Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, por su parte, se reunió la semana pasada para examinar la implementación del Código en Salta y Jujuy. Esto se dio en el marco de las sesiones extraordinarias, y estuvieron presentes de manera virtual algunos fiscales, defensores y camaristas.
