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n un fallo de alto impacto político y social la Corte Suprema de Justicia respaldó las clases presenciales en Capital Federal. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus. El máximo tribunal determinó que “se hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
La decisión salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que respaldaron la autonomía de la Ciudad. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte. El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.
Entre los argumentos de la resolución los jueces manifestaron que “corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —al igual que a las provincias— la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes”. Mencionaron que la Convención Constituyente de 1994 “introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo —y en igualdad de condiciones que las provincias— a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Sostuvieron que la conformación del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no implica desconocer la autonomía de la Ciudad y que no puede otorgarse el “trato de ‘región’ como sujeto constitucional del sistema federal argentino”. Uno de los principales planteos del gobierno bonaerense de Axel Kicillof durante la pandemia fue el de tomar decisiones en conjunto en el área metropolitana, al afirmar que las decisiones que se tomen en Ciudad o provincia de Buenos Aires tienen impacto en ambos territorios.
El fallo sostiene que debe aplicarse para “decisiones futuras”. Los ministros del máximo tribunal expresaron que “dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras”. Afirmaron que “no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”.
