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n las primeras horas de este viernes, la Cámara de diputados votó tras debatir el texto. Finalmente, con 207 votos afirmativos, 11 negativos y 7 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley de Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero.
Uno de los representantes que votó afirmativamente fue el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso. “Hacen falta más políticas de igualdad, hace falta que el Estado abrace aquello que excluyó y dejó afuera toda la vida. Para nuestras compañeras travestis y trans, no hay otras formas ni momentos mejores que ahora”, aseguró en su exposición.
El voto positivo también llegó de parte de Gabriela Lena. La legisladora de Juntos por el Cambio indicó: “Sabemos que un cupo no es todo, es una posibilidad, es un paso pero uno importante para lograr una sociedad sin discriminación y un poquito más justa, para tantas amigas que pelean y hacen de esto su lucha cotidiana”.
La diputada Carmen Polledo (Pro), fue una de las legisladoras que se abstuvo en la votación y aclaró que lo hizo porque el primer artículo de la Ley de Identidad de Género contempla que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada e identificada de acuerdo con ello”. “Optar por un sistema de cupos implica desconocer esos derechos y generar un acto discriminatorio”, aseguró.
Qué establece el proyecto
El proyecto buscaba “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
De este modo, “el Estado Nacional, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
Un aspecto que se incorporó a la ley corresponde al “requisito de terminalidad educativa”, afirmando que la misma “no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. Al mismo tiempo, se establece allí que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
Por último, el proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y la organización de una Unidad de Coordinación que deberá velar por la aplicación de la ley.
