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l fiscal federal Diego Luciani vuelve a encabezar la etapa de alegatos en el juicio por la causa Vialidad, por corrupción en la obra pública en Santa Cruz: “Las licitaciones fueron una ficción”. La vicepresidenta Cristina Kirchner no se conectó, ya que la autorizaron a no estar presente en las audiencias de hoy y el viernes por “tareas parlamentarias”.
Luciani expone en el segundo día de los alegatos de la fiscalía en el juicio que involucra a la vicepresidenta y al empresario K Lázaro Báez, proceso que está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.
Cristina Kirchner está acusada en la causa Vialidad de ser la jefa de una asociación ilícita que direccionó contratos millonarios de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, a cambio de retornos a través de los hoteles de la vicepresidenta.
Las frases más destacadas de Diego Luciani en el juicio por la causa Vialidad
Luciani se refirió a la causa Vialidad como “un caso paradigmático de corrupción”.
El fiscal dijo que “hubo un direccionamiento grosero e inadmisible y una falta total de control” y que eso “Era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía de lo más alto del Poder Ejecutivo”.
Luciani dijo que hubo “un corrimiento grosero de la ley, una ficción, un montaje”.
El fiscal dijo que las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz investigadas en la causa “fueron una ficción”.
Luciani advirtió que “nunca se hizo un análisis real, serio y detenido de las ofertas” de obra pública en Santa Cruz.
El fiscal dijo que “no había competencia, solo competían las empresas de Báez entre sí”.
Luciani dijo que a partir de las licitaciones “es muy fácil deducir que solo competían las empresas de Báez entre sí”.
El fiscal dijo que detectaron casos en los que el estudio de las obras se hizo “en 24, 36 o 72 horas”, lo que calificó de “inaudito”.
Luciani advirtió que hubo preadjudicación de una de las obras asignada a Báez en Santa Cruz, lo que dijo que es “inexplicable”.
El fiscal dijo que “hubo nulo control” y que la corrupción “parasitó los órganos que debían controlar”.
Luciani criticó que “se impusieron inadmisibles restricciones en los pliegos de obras en Santa Cruz”.
El fiscal dijo que el grupo de empresas de Báez “eludió la competencia real, con una concurrencia múltiple de compañías relacionadas entre sí, sin que se rechazaran ofertas o hubiera sanciones”.
Luciani alertó que “se instauró un sistema diseñado para sortear todas las barreras y direccionar las licitaciones”.
El fiscal advirtió que “se aplicaba la ley provincial en licitaciones convocadas para rutas nacionales, financiadas por Nación”.
Luciani dijo que la ley provincial de Santa Cruz, “a diferencia de la federal, propendió a impedir que oferentes de todo el país e internacionales pudieran presentarse” en las licitaciones de obras.
El fiscal advirtió que se insertó una cláusula en el pliego “para todas las empresas que en los últimos diez años no hubieran ejecutado obras viales en Santa Cruz, excepto a Austral Construcciones, pese a que no cumplía con ese requisito”.
Luciani dijo que en 47 de las 51 licitaciones “se permitió que se cometieran todas las irregularidades y actos discrecionales”.
Para el fiscal en Santa Cruz “lo importante era la extracción de fondos y no la realización de obras”.
Luciani dijo que “es innegable la responsabilidad del Estado nacional, que es el que otorga los fondos” y que “debió supervisar, más allá de las delegaciones”.
El fiscal dijo que “el Estado nacional queda involucrado en estos contratos” y que podría haber rescindido los contratos.
Luciani dijo que eran los imputados los que definían las modalidades de los convenios con las provincias y que es “absurdo otorgarles responsabilidad solo a los órganos provinciales”.
Qué se investiga en la causa Vialidad, en la que es juzgada Cristina Kirchner
La investigación de la causa Vialidad, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel.
La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”.
De acuerdo a las acusaciones hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.
