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a Cámara Federal porteña ratificó este viernes los procesamientos de Roberto Baratta -mano derecha del exministro Julio de Vido-, de otros de otros dos exfuncionarios de Planificación y tres empresarios en un tramo de la megacausa de los Cuadernos de las Coimas.
De acuerdo con el fallo, dado que se encuentran acreditadas las entregas de dinero a Daniel Muñoz -exsecretario privado de Néstor Kirchner- en el departamento de la calle Uruguay 1306 donde vive Cristina Kirchner, los jueces pidieron evaluar “la posible responsabilidad en este hecho de los otros coimputados”, entre los que se encontraría la Vicepresidenta.
Cristina Kirchner no fue indagada en relación a estos supuestos sobornos. Está procesada y elevada a juicio, sin embargo, en la causa madre a partir de la declaración de Oscar Centeno -exchofer de Baratta y autor de las anotaciones que impulsaron la investigación- y otras pruebas.
Los apuntes de Centeno revelaron cómo parte del dinero recaudado por Baratta y sus colaboradores era entregado a Muñoz en el departamento de la Vicepresidenta. Al dictar los primeros procesamientos en la causa, el fallecido juez Claudio Bonadio señaló que se habían registrado al menos 87 entregas.
La resolución fue firmada por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que confirmaron la ampliación de los procesamientos que había dictado Julián Ercolini, juez de primera instancia, en febrero último.
A partir del fallo de la Cámara Federal quedaron firmes los procesamientos de los empresarios Hugo Alberto Dragonetti (titular de la constructora Panedile), Alberto Taselli (Edecat, compañía dedicada al rubro energético) y Juan Mauricio Balán, de Industrias Juan F. Secco. A todos se les imputa el delito de cohecho.
También fueron ratificados los procesamientos de Nelson Lazarte, exsecretario privado de Baratta, y de Hernán Camilo Gómez, exfuncionario del Ministerio de Planificación.
Sobre el rol de Baratta, los camaristas señalaron: “Más allá de que su posición dentro del organigrama administrativo no aglutinara formalmente las diversas competencias necesarias para resolver todas las cuestiones que motivaron los pagos, ocupaba un rol central dentro de la estructura paralela de recaudación y actuaba como referente del Ministerio de Planificación, con capacidad real para instrumentar internamente las decisiones atinentes a las empresas -según evidenciaron, de manera conteste, las manifestaciones de los empresarios involucrados-”.
En relación a Lazarte, indicaron: “Era el encargado de recibir y trasladar importantes cantidades de dinero entregadas por los empresarios, tarea que solo podía desempeñar alguien unido a Baratta por un particular lazo de confianza. Al tiempo que su presencia en los distintos eventos escrutados posibilitó que los fondos llegaran posteriormente a manos de aquél”.
En cuanto a Claudio Glazman (exdirector de la empresa Sociedad Latinoamericana de Inversiones), otro de los empresarios involucrados en la investigación, los jueces revocaron la ampliación de su procesamiento por considerar que las entregas de dinero que se le atribuyen ya le valieron la elevación a juicio. De acuerdo con el expediente, confesó haber realizado 13 pagos entre 2009 y 2010.
