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as medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, pusieron a prueba los límites que Cristina Kirchner y sus seguidores están dispuestos a tolerar con tal de evitar un colapso, con consecuencias imprevisibles, del gobierno nacional. La reconfiguración de la coalición oficialista ocurre en simultáneo con el avance del juicio por corrupción contra la vicepresidenta.
El bosquejo de plan económico, que incluyó un giro incipiente a la ortodoxia y el diálogo con viejos y nuevos adversarios, tuvo la peculiaridad de ser elogiado por la combativa Hebe de Bonafini y criticado por Juntos por el Cambio y un hiperactivo Mauricio Macri.
Con las primeras horas de Massa al frente del Palacio de Hacienda se cristalizó la redistribución interna del poder en el Frente de Todos y la irrupción de una nueva narrativa para explicar los fundamentos y objetivos de medidas, algunas necesarias pero impopulares. Massa sacó del inmovilismo y la actitud defensiva en la que estaba sumida la gestión y empezó a dar sus primeros pasos, osados desde lo político y en simultáneo ortodoxos desde lo económico.
Sabe que, más allá de la precaria y forzada tregua, Alberto Fernández y Cristina Kirchner le desconfían, por lo que tiene la necesidad de revertir esos recelos y la incomodidad que sus primeras medidas les generan en términos simbólicos y prácticos a los socios de la coalición de gobierno. Los cambios en la Secretaría de Energía, los aumentos de tarifas más duros que los de Martín Guzmán, el fin de la emisión descontrolada y la negociación con las patronales -sobre todo las del campo- son bocados para el manual kirchnerista de difícil digestión.
En ese equilibrio precario entre los vértices del FDT empezaron a tallar con mayor intensidad actores que hasta esta crisis habían tenido un recoleto segundo plano: los gobernadores. El primus inter pares de ese sector, el jefe de Gabinete y mandatario en uso de licencia de Tucumán, Juan Manzur, es el referente que representa a los líderes provinciales en la nueva mesa de poder. Más debilitado -hasta en la gestualidad- el primer mandatario parece dispuesto a resistir su declinación, mediante el fortalecimiento de esa cabeza de playa, con la designación como vicejefe de Gabinete del albertista Juan Manuel Olmos.
De todos modos, Massa ya envió hacia allí señales de que no habrá un ajuste doloroso en las partidas que administran los caciques provinciales, que fueron actores centrales para precipitar su llegada al gobierno.
En la constelación de la coalición de gobierno, además del cristinismo y los gobernadores, se vienen reordenando en el escenario, con mayor o menor ruido, gremios, movimientos sociales y las organizaciones de derechos humanos.
La CGT viene sopesando cuáles pueden ser los argumentos menos indecorosos para desactivar la marcha del 17 de agosto, una decisión condicionada a sus perpetuos reclamos de más fondos para las obras sociales. Al final, de la misma manta tiran todos. La central obrera -que coincide en este tema con la UIA y otras cámaras patronales- logró que se postergara el anuncio del pago de una suma fija para los sueldos públicos y privados más golpeados por la inflación de los últimos meses. en el Consejo del Salario Mínimo se definirá en los próximos días un aumento que impactará de manera inmediata en los haberes de agosto.
El Movimiento Evita de Emilio Pérsico emite señales ambivalentes. Envió a su “canciller”, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández -con llegada por igual a Máximo Kirchner y a Alberto Fernández-, a la jura de Massa, pero este jueves se mostró con Juan Grabois, el dirigente social que amaga con una ruptura y presiona por más subsidios, es decir, más gasto público.
Y desde los organismos de derechos humanos, inesperado, el paso al frente lo dio Hebe de Bonafini. La titular de Madres de Plaza de Mayo dejó por un momento de insultar al presidente para manifestar lo siguiente: “Massa presentó muchos proyectos muy interesantes. Lo escuchamos detenidamente. Lo único que puedo pedir y desear es que cada vez que ofrecen algo que nos va a favorecer o que parece que es muy serio es que se cumpla. Lo que más nos interesa en este momento es que ese plan muy interesante que nos va a beneficiar es que se cumpla, que se cumpla y que se cumpla, por la Patria, que somos todos nosotros”. Clarito.
Esa frase puede tener, quizás, una explicación. Para Gustavo Córdoba, analista político y director de la encuestadora Zuban Córdoba y Asociados, el ingreso de Massa implicó en el escenario “una pérdida de poder relativo de los sectores duros”, no sólo de la coalición de gobierno, sino también de la oposición. “En el gobierno nacional hubo un giro pragmático que sin el apoyo de Cristina Kirchner hubiera sido imposible. Es un cambio que se da por la falta de recursos y la necesidad de llegar al 2023 con aire”, interpretó.
Esa plasticidad que se refleja en el arco oficialista la ejecuta también Massa cuando dialoga con la Sociedad Rural para establecer algún acuerdo que le permita al gobierno nacional contar con el ingreso de más dólares. Es un giro que empezó con el cambio de lugar de protesta que piqueteros con despacho oficial habían anunciado a la sede de Palermo y terminaron haciendo frente al Congreso. Enemigos viejos, adversarios nuevos.
Nuevos y viejos adversarios
La nueva etapa requiere de un fuerte apoyo externo que el ministro Massa, ya desde antes de su llegada al Palacio de Hacienda, empezó a gestionar con actores clave del mundo financiero norteamericano. La conversación que reveló ayer por Twitter con el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, fue la explicitación de contactos más reservados previos. Este funcionario, que llegó al cargo impulsado por Donald Trump, estaba hasta ahora en la primera fila de los adversarios del kirchnerismo.
