El Gobierno habilitó a expulsar a extranjeros por mensajes de odio e insultos contra la Argentina
El Gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, una medida que modifica la Ley de Migraciones N.º 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de extranjeros que hayan promovido mensajes de odio contra argentinos o participado en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La norma, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei junto a todo el gabinete, establece que estas conductas podrán ser consideradas motivos suficientes para denegar el ingreso al territorio argentino o cancelar una residencia ya otorgada.
Qué cambia con el DNU 681/2026
La modificación incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones. A partir de ahora, no podrán ingresar al país quienes hayan dirigido mensajes de odio, de forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por razones de nacionalidad.
El decreto también incorpora como causal de inadmisión la participación en actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales, así como la incitación a cometer ese tipo de acciones.
En paralelo, el Ejecutivo modificó el artículo 62 de la ley para que esas mismas conductas constituyan causales de cancelación de residencia. De esta manera, un extranjero que ya resida en el país podrá ser obligado a abandonarlo o ser expulsado si se verifica alguno de los supuestos contemplados en la norma.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina mantiene una histórica tradición de apertura hacia la inmigración, pero remarca que el Estado conserva la facultad soberana de establecer las condiciones para el ingreso y permanencia de extranjeros con el objetivo de proteger el orden público, la seguridad interior y la convivencia social.
El texto también señala que en los últimos tiempos se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, situación que —según el Gobierno— justifica la adopción de medidas para impedir el ingreso o permanencia de quienes promuevan ese tipo de conductas.
Además, el decreto sostiene que la protección alcanza a los símbolos patrios por representar la soberanía, la historia y los valores fundamentales de la Nación.
Libertad de expresión
Uno de los puntos destacados del DNU es que aclara expresamente que las nuevas disposiciones no podrán aplicarse a expresiones de disenso ideológico ni a críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos garantizados por la Constitución Nacional.
El Gobierno argumenta que la medida busca sancionar únicamente los discursos de odio y la incitación a la violencia, en línea con lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la legislación argentina en materia de discriminación.
El DNU 681/2026 entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar su validez conforme al procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
