​Entre la agresión en el barrio Elena II y la desprotección: duras reacciones tras la muerte de Roque Ovando

La muerte de Roque Ovando, ocurrida tras permanecer nueve días internado en estado crítico en el Hospital SAMIC de Eldorado a causa de un traumatismo de cráneo, trascendió el ámbito meramente policial para convertirse en el centro de un profundo debate sobre la vulnerabilidad institucional, la pobreza y la violencia estatal.

Tras confirmarse la noticia, la comunidad como organismos defensores de los derechos humanos expresaron su repudio al caso y exigieron que se investiguen no sólo las circunstancias materiales de su asesinato —por el cual hay una mujer detenida y dos adolescentes imputados—, sino también el historial de desprotección que marcó toda su vida.

Desde distintos sectores se remarcaron las secuelas imborrables que dejó en la vida de Roque el encierro judicial de su madre, María Ovando, condenada en un proceso fuertemente cuestionado por organizaciones sociales y de género.

En su publicación, una docente de la zona cuestionó con dureza el rol de las instituciones locales:

"Roque ya no está, lo mataron y como era pobre e hijo de una mujer que está presa, su vida no valía nada", expresó, recordando las dificultades extremas de su infancia, el desarraigo y los desalojos sufridos por la familia en la ciudad.

Por su parte, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros emitió un comunicado categórico titulado "Roque está muerto porque su mamá está presa", en el que apuntan a que el daño generado por las reiteradas separaciones familiares y la falta de garantías elementales durante su crecimiento.

"Roque tenía apenas cinco años cuando encarcelaron por primera vez a su mamá. Lo separaron de ella y de sus hermanos, dinamitaron el mundo precario en el que vivía y lo empujaron a una existencia marcada por la intemperie, el hambre y el dolor", señalaron desde el espacio.

El organismo de derechos humanos exigió una investigación exhaustiva, independiente y seria que vaya más allá de las detenciones inmediatas vinculadas a la agresión física en el barrio Elena II. Entre sus principales demandas, plantean:

Cuestionamiento al sistema punitivo: Reiteraron la exigencia de revisión y libertad para María Ovando, cuya condena sostienen que respondió a la criminalización de la pobreza y a la falta de perspectiva de género en la justicia misionera.

Repudio a la violencia institucional: Sostuvieron que el caso no debe reducirse a una estadística delictiva individual, sino abordarse como una tragedia social donde hay que remarcar el deber primordial de contención y protección de los sectores más vulnerables.