Conflicto en Peajes: Impulsan Proyecto para restablecer el pago en efectivo

La diputada Carmen Méndez Asón ha presentado un proyecto legislativo (identificado con el expediente D-71542/26) para revertir la obligatoriedad del pago virtual en los peajes de Misiones, tras reportarse demoras críticas de hasta 30 minutos y situaciones de exclusión para ciudadanos y turistas. "La iniciativa busca garantizar carriles mixtos que acepten moneda física y cuenten con señalización adecuada para agilizar el tránsito provincial" comentó en declaraciones a RADIO STOP.

Problemática y Crisis de Movilidad
La transición drástica hacia sistemas de pago exclusivamente virtuales en los peajes de San José y Santa Ana ha generado un profundo malestar en la población misionera. Se han documentado esperas de entre 28 y 32 minutos, dejando a conductores, familias con niños, ancianos y hasta ambulancias en una situación de "rehenes" en la ruta. La falta de campañas informativas previas y de señalización clara sobre los métodos de pago aceptados agrava la congestión, ya que los usuarios descubren la imposición de la virtualidad recién al llegar a la casilla de cobro.

Impacto en el Turismo y la Economía Local
Como provincia turística, Misiones enfrenta un desafío adicional: la llegada de visitantes de Brasil y Paraguay que a menudo no cuentan con roaming de datos, tarjetas internacionales habilitadas o billeteras virtuales locales. Al no aceptarse el peso físico (moneda oficial de curso legal), se genera una experiencia negativa que desincentiva el recorrido por otros atractivos de la provincia, como San Ignacio o Iguazú. La diputada enfatiza que el uso de tecnología debe ser una opción para agilizar, pero nunca una imposición que ignore la realidad de quienes eligen o necesitan manejarse con dinero físico.

Defensa del Usuario y Acción Legislativa
El proyecto propone que, ante fallas en el sistema o demoras excesivas, las empresas concesionarias tengan la obligación de levantar las barreras para permitir el flujo vehicular, tal como ocurre en otras jurisdicciones del país. Se cuestiona la arbitrariedad de las medidas tomadas por las empresas nacionales sin una consulta previa aparente con el gobierno provincial o el poder legislativo local. La iniciativa busca que las empresas prestatarias escuchen al usuario y mantengan el cobro tradicional como una alternativa válida y señalizada.

"Básicamente la propuesta no rechaza la modernización, sino que exige una transición inclusiva que no penalice el uso de la moneda nacional ni obstaculice la libertad de tránsito y el desarrollo turístico de la provincia" concluyó la Diputada.