El Senado prepara las últimas sesiones ordinarias: qué leyes piden oficialismo y oposición
Atravesada por la visita papal y el día del empleado legislativo -pasado mañana-, la agenda parlamentaria quedará reducida a casi nada por lo que, en el Senado, ya se preparan para las últimas sesiones del período ordinario. Se destacan dos leyes a punto de sancionarse: el Tratado de Patentes, que desea la Casa Rosada y sigue de cerca Estados Unidos; y una nueva norma sobre discapacidad que pide toda la oposición, ante un oficialismo con señales más que contradictorias entre Balcarce 50 y su propio bloque.
Más allá de no tener la confirmación definitiva, se buscaría ir al recinto los jueves 19 y 26, con encuentros e ítems aún no del todo sellados. En tanto, para el miércoles 25 se aguarda el primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Además, en caso de que avance el Presupuesto 2027 o la iniciativa sobre Malvinas en Diputados -resta despejar dudas-, las comisiones estarían listas para, al menos, empezar debates que continuarían, por falta de tiempo, en extraordinarias desde diciembre. Esto, siempre y cuando el Ejecutivo decida una convocatoria en ese sentido e incluya esos puntos -o pliegos judiciales, por ejemplo- en un potencial temario.
El primer proyecto en la mira del Senado fue dictaminado en octubre por las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Industria, y activa el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT) que la Argentina firmó en el siglo pasado y que la Cámara alta aprobó en 1998, pero que Diputados recién votó en agosto pasado. Al haber modificado el texto en la Cámara baja, el tema volvió en segunda revisión y ahora, con el despacho firmado, el acuerdo quedó habilitado para ser sancionado, si el oficialismo cierra con aliados y solicita ir al recinto el jueves de la semana próxima.
La adhesión al PCT es uno de los requisitos del entendimiento comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos. Pero también figura entre los compromisos asumidos en el marco de los convenios entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el Mercosur y EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). El Gobierno quiso acelerar el articulado original en Diputados, aunque se cruzó con la postura de los laboratorios y se dejó “en reserva” el capítulo II, el cual implica que una patente registrada tenga vigencia, por 20 años, en todos los países miembros.
Desde dicho sector advirtieron sobre la proliferación de “Evergreening” (Reverdecimiento), una práctica de los laboratorios multinacionales que podrían utilizar el examen preliminar internacional del Capítulo II para empujar cambios menores o modificaciones secundarias en medicamentos ya existentes -sin aportar mejoras terapéuticas reales- para extender, de forma artificial, un eventual monopolio y bloquear la competencia.
Por su parte, la oposición ya deslizó que no hay margen para posponer la nueva ley de discapacidad. El oficialismo acompañó el articulado que los bloques anti mileístas impusieron. De hecho, para evitar dañar al titular de la Cámara baja, Martín Menem -es decir, Karina Milei-, se le dijo “sí” a casi todo lo que exigieron kirchneristas y dialoguistas. En el medio, se intentó vender como una idea libertaria. Fue un papelón.
Con la iniciativa en el Senado y, previo al dictamen obtenido días atrás, desde la Casa Rosada quisieron forzar cambios y dejar mal parada a su propia jefa allí, la porteña Patricia Bullrich, quien ya había consensuado -con todas las fuerzas- respetar lo que los propios mileístas y opositores avalaron en Diputados. Nadie le prestó a atención a lo que dijo Balcarce 50 sobre este asunto. De sancionarse, el primer mandatario tendrá en sus manos la posibilidad de vetos parcial o total, con todo lo que ello implicaría.
