El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad con cambios impulsados por Herrera Ahuad
El Senado de la Nación sancionó este jueves 19 de noviembre la nueva Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que obtuvo el respaldo unánime de los 71 legisladores presentes y que incorpora modificaciones impulsadas por el diputado nacional misionero Oscar Herrera Ahuad durante su tratamiento en la Cámara baja.
La aprobación representa un cambio importante en el sistema de protección de las personas con discapacidad, al establecer un marco normativo permanente en reemplazo de la emergencia nacional que tiene vigencia hasta el próximo 31 de diciembre.
El proyecto había recibido media sanción en Diputados el 22 de octubre, con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Durante aquella sesión, Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal, presentó una serie de modificaciones elaboradas a partir de planteos de organizaciones, familiares y prestadores de servicios.
Los cambios fueron aceptados por el oficialismo nacional e incorporados al texto que finalmente recibió sanción definitiva en el Senado.
Los cambios que impulsó Herrera Ahuad
La intervención del legislador misionero se concentró en aspectos considerados fundamentales para garantizar la continuidad de las prestaciones y evitar que las disposiciones legales quedaran sujetas exclusivamente a decisiones presupuestarias posteriores.
Uno de los principales cambios fue establecer garantías específicas de financiamiento. El artículo 7 determina que el presupuesto nacional deberá contemplar partidas suficientes para sostener el sistema de discapacidad y que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales respecto del ejercicio anterior.
También se incorporó la compatibilidad entre las pensiones no contributivas por discapacidad y el empleo formal.
De esta manera, una persona con discapacidad podrá trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente su pensión, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Si supera ese límite, el beneficio quedará suspendido mientras dure esa situación y podrá solicitarse su rehabilitación cuando los ingresos vuelvan a ubicarse dentro de los parámetros establecidos.
Otra modificación relevante garantiza a los titulares de pensiones por discapacidad o invalidez laboral el acceso a prestaciones médicas básicas contempladas en la Ley 24.901, mediante el sistema de cobertura correspondiente.
Auditorías con derecho de defensa
El proyecto también incorpora mecanismos de control sobre las pensiones, pero establece garantías para evitar suspensiones arbitrarias.
Las auditorías podrán realizarse mediante cruces de información entre organismos nacionales, como ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas.
Sin embargo, ante la detección de un posible incumplimiento, el beneficiario deberá ser notificado y tendrá derecho a presentar su descargo.
Además, quienes consideren que una suspensión fue aplicada incorrectamente podrán solicitar la rehabilitación inmediata y provisoria de la prestación mientras se resuelve su situación administrativa.
Estas disposiciones formaron parte de las modificaciones promovidas durante el debate en Diputados.
Plazos para cancelar las deudas con prestadores
Otro punto incorporado establece obligaciones concretas para el Estado nacional respecto de las compensaciones pendientes con prestadores de servicios de discapacidad.
La nueva legislación dispone que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Asimismo, establece un plazo de hasta 90 días para cancelar las compensaciones correspondientes a prestadores que hayan completado los trámites administrativos exigidos.
La disposición busca dar previsibilidad a instituciones, profesionales y centros de atención que vienen reclamando por atrasos en los pagos y dificultades para sostener sus servicios.
Qué establece la nueva ley
Entre los principales puntos de la legislación se mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización conforme al régimen previsional vigente.
También se conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento central para acreditar la condición de discapacidad y acceder a los beneficios correspondientes, junto con los demás requisitos establecidos.
La norma sostiene el nomenclador único de prestaciones y contempla mecanismos de actualización de los aranceles que perciben los prestadores.
A diferencia del régimen de emergencia, la nueva legislación no establece una fecha de vencimiento, con el objetivo de dar continuidad a las políticas públicas destinadas al sector.
El impacto en Misiones
La sanción tiene especial importancia para Misiones, donde numerosas familias dependen de pensiones no contributivas y de los servicios que brindan instituciones, centros terapéuticos, profesionales y organizaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.
En Eldorado y otras localidades del norte provincial, la continuidad de tratamientos, rehabilitación, transporte especializado y prestaciones médicas constituye una preocupación permanente para beneficiarios y familiares.
La posibilidad de compatibilizar una pensión con el trabajo registrado también introduce una herramienta para favorecer la inclusión laboral, sin que el acceso a un empleo implique necesariamente la pérdida inmediata del beneficio.
Por otra parte, las garantías presupuestarias y los plazos de pago a prestadores buscan aportar mayor estabilidad al funcionamiento del sistema.
Una aprobación unánime y el desafío de su implementación
La votación del Senado reflejó un acuerdo entre los distintos bloques políticos, aunque durante el debate también surgieron cuestionamientos sobre el financiamiento y la capacidad administrativa del Estado para garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
La legislación deberá atravesar ahora las etapas de promulgación, publicación y reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional.
El texto establece un plazo de 30 días hábiles para su reglamentación y comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Con la sanción definitiva, el Congreso dio un paso para transformar las medidas de emergencia en un régimen permanente de protección, incorporando modificaciones que tuvieron al diputado misionero Oscar Herrera Ahuad entre sus principales impulsores durante el tratamiento parlamentario.