Crisis en Paraguay: Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia
La República del Paraguay atraviesa horas de máxima tensión institucional. El presidente de la Nación, Santiago Peña, presentó formalmente su renuncia al cargo este jueves, acorralado por una crisis política sin precedentes detonada por el escándalo financiero vinculado al cierre de Ueno Bank y el impacto en miles de ahorristas.
Si bien en las primeras horas de la escalada el Ejecutivo había descartado de plano la dimisión y se especulaba con un prolongado proceso de juicio político en el Congreso, la pérdida de respaldo político interno —incluyendo sectores clave de su propio espacio partidario— aceleró la decisión. El presidente del Congreso Nacional, Basilio "Bachi" Núñez, confirmó que el mandatario firmó su salida para evitar un mayor desgaste institucional y allanar el camino hacia una solución rápida en el Poder Legislativo.
El detonante: El colapso financiero y la presión social
La caída precipicitada de la administración de Peña encuentra su epicentro en la crisis financiera desatada alrededor de Ueno Bank, una situación que generó protestas ciudadanas, malestar generalizado y reclamos urgentes por los depósitos afectados de miles de trabajadores.
Ante la magnitud del conflicto, que incluyó la exigencia de dimisión del titular del Banco Central del Paraguay (BCP) y la paralización temporal de plataformas digitales estatales de pagos, la oposición y sectores disidentes impulsaron un juicio político. Con las bancadas parlamentarias advirtiendo que existían los números necesarios para su destitución, la renuncia se transformó en la única vía para encauzar la gobernabilidad.
Transición y próximos pasos institucionales
Con la dimisión de Santiago Peña sobre la mesa, el Congreso Nacional se convoca de urgencia para tratar la aceptación de la renuncia y definir los pasos constitucionales de sucesión, previendo que el vicepresidente asuma la primera magistratura para completar el mandato.
La clase política paraguaya enfrenta ahora el desafío de descomprimir la crisis social, garantizar la devolución de los fondos a los ahorristas damnificados mediante las herramientas financieras que se debatían en el parlamento y restaurar la confianza en las instituciones del Estado.
