La Justicia ordena al Municipio de Eldorado entregar información pública sobre el transporte

El fallo le dio la razón a José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano y obliga a la Municipalidad a completar en 10 días la información requerida sobre el servicio urbano de pasajeros.

La Justicia de Eldorado hizo lugar al amparo promovido por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano contra la Municipalidad de Eldorado y ordenó al Ejecutivo municipal que, en el plazo de diez días, complete la información pública requerida mediante una respuesta unificada, orgánica e íntegra.

El reclamo judicial se presentó en un contexto gravísimo. El 1 de octubre de 2025, la empresa ETCE/Grupo Kenia interrumpió el servicio urbano y dejó a la ciudad paralizada. Al día siguiente, el 2 de octubre de 2025, la Municipalidad firmó con la empresa un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, luego validado por el Concejo Deliberante. Fue en ese escenario, con la ciudad recién salida de un paro total del transporte, que Fuentes y Galeano presentaron el pedido administrativo de acceso a la información pública.

Desde el inicio, el planteo apuntó a una cuestión central: la ciudadanía tenía derecho a conocer cómo se calculó una deuda multimillonaria que no era pública, cuáles eran sus respaldos administrativos, qué pagos se realizaron, qué documentación la justificaba y qué decisiones políticas y administrativas la hicieron posible. El propio acuerdo, según la cláusula quinta transcripta en el amparo, remite a la documentación respaldatoria obrante en el Expte. “IV” Nº 7904-052/25, incluyendo cartas documento, facturas y planillas de boletaje.

En el amparo también se exigió acceso a los comprobantes de pago realizados en el marco del acuerdo, a las actuaciones para arribar a esa negociación, a la aprobación del acuerdo por el Concejo Deliberante, al detalle del período en que la Municipalidad se abstuvo de reclamar el Derecho de Registro de Inspección de Seguridad e Higiene y a toda otra documentación vinculada al servicio de transporte público. A eso se sumaron pedidos de intimaciones, sanciones, intercambio epistolar, resoluciones, controles y actuaciones ligadas a la licitación y a la contratación directa.

José Luis Fuentes señaló que “este fallo pone un límite muy claro a la opacidad del poder político. No se puede dejar a una ciudad entera sin transporte y al día siguiente reconocer una deuda de más de 1.400 millones de pesos sin que la sociedad sepa cómo se calculó, de dónde surge, qué se pagó, qué se condonó y qué expediente respalda todo eso. Si al concesionario se le termina pagando una suma que equivale a más de un millón de dólares, la ciudadanía tiene derecho a conocer hasta el último papel de esa decisión”.

Por su parte, María Mercedes Galeano sostuvo que “la sentencia confirma que el amparo era la vía correcta y que el Municipio no puede refugiarse en respuestas incompletas o fragmentadas. La Justicia dijo con claridad que la obligación estatal es entregar la información pública existente de manera completa, adecuada y en una sola respuesta”.

El fallo también tiene importancia porque ordena que el cumplimiento se haga en una única presentación, dejando en claro que no será suficiente una contestación dispersa o fragmentada. Es decir: el Municipio deberá responder de manera integral y no seguir administrando la información pública con criterios de discrecionalidad política.

La resolución constituye un antecedente fuerte para Eldorado. Ratifica que el acceso a la información pública no depende de la voluntad del Ejecutivo de turno, sino que es un derecho exigible judicialmente, incluso frente a maniobras dilatorias o respuestas evasivas. En una ciudad atravesada por una crisis prolongada del transporte, una semana después de que sin licitación el Municipio otorgara una nueva concesión por 15 años a la empresa ETCE-KENIA, el fallo vuelve a poner en el centro una verdad elemental: sin información pública no hay control ciudadano, y sin control ciudadano no hay democracia de calidad.

El planteo fue impulsado por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano, integrantes de Argentina Humana en Misiones. El espacio tiene como referente nacional a Juan Grabois y sostiene una agenda política y jurídica ligada a la defensa de derechos, la transparencia estatal y el control ciudadano