Las primeras intervenciones del nuevo Régimen Penal Juvenil en Misiones dieron con la demora de adolescentes
A pocos días de la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en Misiones —vigente desde el pasado 5 de septiembre—, las fuerzas de seguridad provinciales concretaron la aprehensión de cuatro adolescentes. Sin embargo, la aplicación de la norma muestra una tendencia clara en sus primeros pasos: todos los implicados superan los 16 años y ninguno pertenece a la franja etaria más baja que contempla la reciente legislación.
Según detalló a los medios el subjefe de la Policía de Misiones, Raúl Maslowski, las intervenciones policiales se dieron en el marco de delitos contra la propiedad y las personas, puntualmente causas por robo, hurto y amenazas. Tras las actuaciones correspondientes, tres de los jóvenes de 16 y 17 años fueron restituidos a sus familias bajo la responsabilidad de sus padres, mientras que un cuarto adolescente permanece alojado en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (CeMoAS) por orden del magistrado interviniente.
El circuito de contención y la experiencia previa
El fuero policial remarcó que la fuerza no improvisa ante la nueva norma, ya que la provincia opera desde 2017 bajo un estricto protocolo de actuación para personas menores de edad. Dicho esquema prohíbe el alojamiento en comisarías comunes para adultos y exige el traslado directo a dependencias especializadas.
El circuito que atraviesan los involucrados contempla los siguientes pasos institucionales:
Aprehensión y resguardo de derechos: Se asegura la reserva de identidad, la prohibición estricta de divulgar imágenes y la notificación inmediata a los progenitores.
Evaluación médica y derivación: Tras el examen médico de rigor, el menor es derivado sin escalas al CeMoAS. Misiones cuenta actualmente con cuatro de estos centros, situados en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico.
Órbita judicial: Una vez ingresado al centro asistencial, la Policía cede el caso al juzgado interviniente, ámbito que determina las medidas tutelares o la responsabilidad penal posterior.
Paralelamente, la Policía provincial avanza con un plan de capacitaciones en sus 15 unidades regionales para unificar criterios de actuación. De este modo, la puesta en marcha del régimen reafirma el rol de la fuerza de seguridad como primer eslabón operativo, derivando de forma inmediata la toma de decisiones relativas a la libertad del menor a la Justicia.