Cuentas municipales bajo la lupa: el Tribunal de Cuentas sancionará a funcionarios y no a las arcas comunales por irregularidades

En Misiones, la fiscalización de los fondos públicos atraviesa una transformación determinante. La presidenta del Tribunal de Cuentas provincial, Fabiola Bianco, confirmó una aceleración sustancial en la emisión de fallos sobre las rendiciones del ejercicio 2025, junto a una advertencia clave: ante inconsistencias o perjuicios patrimoniales, las sanciones económicas recaen directamente sobre el patrimonio personal de intendentes, tesoreros y contadores, desvinculando la responsabilidad financiera de las arcas municipales.

Puntos clave del nuevo esquema de fiscalización:

Responsabilidad personalísima: Los cargos dictados por el Tribunal no son asumidos por el municipio. Si se detectan gastos injustificados o falta de documentación, los cuentadantes deben responder con su propio capital o enfrentar acciones judiciales de cobro.

Celeridad en los dictámenes: A solo tres meses del vencimiento de las rendiciones anuales (ocurrido el 30 de mayo de 2025), el organismo emitió 11 sentencias aprobatorias. Este ritmo contrasta con demoras históricas que alcanzaban hasta cinco años, garantizando hoy un control oportuno.

Investigación de oficio: Se confirmó que un municipio no presentó su balance a tiempo. Por motivos de rigor procesal y derecho a defensa, el Tribunal no reveló su identidad mientras la causa permanezca abierta e inició el análisis de oficio a principios de junio.

Digitalización al 100%: Todas las comunas misioneras completaron la entrega digital de sus libros contables. Aunque agiliza el flujo de información, el organismo aclaró que el envío electrónico no equivale a la aprobación de la cuenta.

Auditoría internacional y proyección institucional

El organismo de control prevé para 2027 un presupuesto de $20.572.250.000 (con un 93,8% asignado a su planta profesional). Además de supervisar los municipios, Misiones fue avalada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para auditar de forma independiente los créditos internacionales ejecutados en la provincia.

Con esta acreditación —que antes solo poseían Buenos Aires y Mendoza—, el Tribunal sumará partidas por $150 millones para equipamiento y consultorías especializadas, consolidando un esquema de control más estricto tanto en la gestión provincial como en los gobiernos locales.