Un expolicía de Puerto Piray fue condenado a 17 años de prisión por abusar sexualmente de su hija
El Tribunal Penal 1 de Posadas condenó a Roberto Talavera, de 43 años, a 17 años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual cometidos contra su hija cuando era menor de edad, en hechos ocurridos entre 2014 y 2022 en Puerto Piray.
Talavera, quien se desempeñó como efectivo de la Policía de Misiones y fue exonerado de la fuerza en 2017, fue declarado penalmente responsable por la mayoría del tribunal por tres hechos de abuso sexual gravemente ultrajante y uno de abuso sexual simple, agravados por el vínculo y la convivencia preexistente.
El veredicto se conoció durante el mediodía del viernes, luego de que los magistrados deliberaran tras escuchar los alegatos de la Fiscalía y la defensa. Los jueces Gustavo Bernie y Miguel Mattos votaron por la condena de 17 años de prisión, mientras que la jueza Viviana Cukla se pronunció en disidencia respecto de la calificación legal y el monto de la pena.
Según lo dispuesto, Talavera deberá cumplir la condena en la Unidad Penal de Cerro Azul.
La acusación por hechos ocurridos en Puerto Piray
De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Héctor Simon durante los alegatos, los abusos comenzaron en 2014, cuando la víctima tenía apenas siete años, y se extendieron durante su infancia y adolescencia.
La joven, que actualmente tiene 18 años, declaró durante el juicio y ratificó los hechos denunciados. La Fiscalía sostuvo que su testimonio fue respaldado por otros elementos incorporados a la causa, entre ellos informes del Cuerpo Médico Forense y declaraciones testimoniales.
Simon había solicitado una pena de 19 años de prisión. En su exposición, destacó la claridad del relato de la víctima y sostuvo que las pruebas reunidas permitían acreditar la responsabilidad del acusado.
El fiscal también hizo referencia a las amenazas que, según la acusación, habría recibido la niña para evitar que contara lo ocurrido, y al temor que sentía por situaciones de violencia que habría presenciado en el ámbito familiar.
La defensa había solicitado la absolución
Durante los alegatos, la defensora Vivian Ethel Casoratti pidió la absolución de Talavera y cuestionó la consistencia de las pruebas presentadas por la acusación.
La letrada sostuvo que el relato de la víctima habría sido influenciado por su entorno familiar y planteó objeciones sobre la precisión de las circunstancias en las que habrían ocurrido los hechos. También cuestionó la validez de la carta atribuida a la joven y puso en duda las declaraciones de algunos testigos.
Sin embargo, el tribunal no hizo lugar al pedido de absolución y resolvió condenar al acusado por los cuatro hechos incluidos en la sentencia, aunque con diferencias entre los magistrados en cuanto a la calificación legal y la pena.
Pedidos para investigar posibles falsos testimonios
Durante las exposiciones de las partes también se plantearon pedidos para que se investiguen posibles falsos testimonios.
Por parte de la Fiscalía, Simon señaló que la declaración de un testigo, Ramón Aquino, habría presentado diferencias que, a su criterio, justificaban que se analizara una posible comisión de ese delito. El planteo quedó sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes.
A su vez, la defensa manifestó que se reservaba el derecho de promover una investigación por presunto falso testimonio contra la madre de la víctima y la propia joven, al considerar que sus declaraciones no se ajustaban a la verdad.
Esos planteos deberán ser evaluados por las autoridades judiciales competentes y no modifican el resultado del juicio por los abusos sexuales.
El acusado habló antes del veredicto
Antes de que el tribunal pasara a deliberar, Talavera realizó una última declaración y manifestó que pretendía recuperar la libertad y reencontrarse con sus hijos.
Durante su intervención, hizo referencia a la situación familiar y cuestionó las declaraciones realizadas durante el debate. Sin embargo, finalmente fue condenado a 17 años de prisión efectiva.
La sentencia cerró el debate oral por los hechos denunciados en Puerto Piray, aunque las actuaciones vinculadas con los pedidos de investigación por posibles falsos testimonios podrían continuar por vías judiciales separadas.