Misiones destina $600 millones mensuales para garantizar la atención de beneficiarios de Incluir Salud
Héctor Proeza, coordinador provincial del Programa Incluir Salud, advirtió que los retrasos en la provisión de medicamentos de alto costo y la falta de actualización de los valores nacionales obligan a Misiones a asumir gastos que corresponden a la Nación. La provincia debe cubrir tratamientos de pacientes con cáncer, enfermedades neurodegenerativas y hemofilia, además de prestaciones de diálisis.
La crisis en el financiamiento de los programas nacionales de salud continúa trasladando nuevas responsabilidades económicas a Misiones. El coordinador provincial de Incluir Salud, Héctor Proeza, explicó que las demoras del Gobierno nacional en la compra y distribución de medicamentos, sumadas a la falta de actualización de los valores destinados a distintas prestaciones, obligan a la provincia a destinar alrededor de 600 millones de pesos mensuales para sostener la atención de una población de 48.600 beneficiarios.
La situación afecta especialmente a personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y ciudadanos que perciben pensiones no contributivas. Aunque el programa establece responsabilidades compartidas entre Nación y Provincia, Proeza advirtió que actualmente Misiones debe intervenir con recursos propios para garantizar prestaciones que deberían contar con cobertura nacional.
Medicamentos de alto costo: la provincia debe intervenir ante demoras de hasta seis meses
Uno de los principales problemas se concentra en la provisión de medicamentos de alto costo, destinados a pacientes con patologías complejas que requieren tratamientos continuos. Actualmente, 346 personas dependen de esta cobertura en Misiones, entre ellas pacientes oncológicos, personas con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), hemofílicos y trasplantados.
Según detalló el funcionario, las dificultades comenzaron a profundizarse durante este año y obligaron al Ministerio de Salud Pública provincial a intervenir para evitar interrupciones en tratamientos esenciales.
“La provincia está invirtiendo más de 300 millones de pesos en este tipo de medicación de rescate, de urgencia, porque el programa ha tenido atrasos en la entrega de medicación”, explicó Proeza.
El coordinador precisó que algunos pedidos realizados ante Nación permanecen pendientes durante períodos prolongados, incluso cuando ya cuentan con las autorizaciones médicas y administrativas correspondientes.
“Solo es medicación que está aprobada y que está en un proceso de compra, pero ese proceso de compra ya lleva en algunos casos más de seis meses”, señaló.
Actualmente, según los porcentajes informados por Proeza, la provisión nacional alcanza aproximadamente al 30% o 35% de los tratamientos correspondientes a los 346 pacientes mencionados. Frente a esa situación, la provincia prioriza la compra de medicamentos para quienes necesitan continuar su tratamiento de manera urgente.
Entre los casos de mayor complejidad aparecen cuatro pacientes con ELA que reciben un seguimiento especial, además de personas con hemofilia que requieren medicación específica para prevenir o atender complicaciones.
Diálisis, traslados y tratamientos: otros $200 millones de gastos
A las dificultades en la provisión de medicamentos se suma el financiamiento de las prestaciones de diálisis. Proeza explicó que entre 120 y 130 pacientes reciben actualmente este tratamiento mediante convenios entre el Ministerio de Salud Pública y empresas prestadoras.
La atención de estos pacientes contempla no solamente las sesiones de diálisis, sino también los traslados necesarios y los medicamentos asociados a sus tratamientos, lo que representa un gasto del orden de los 200 millones de pesos, según detalló el funcionario.
Esta situación se desarrolla en un contexto en el que los valores reconocidos para distintas prestaciones nacionales permanecen desactualizados, incrementando la presión sobre el presupuesto provincial.
Proeza señaló que los aranceles correspondientes a los servicios de rehabilitación de los centros conveniados mantienen valores de diciembre de 2023, mientras que las cápitas del programa tampoco registraron las actualizaciones necesarias para acompañar el incremento de los costos.
El funcionario explicó que los gastos de movilidad constituyen uno de los ejemplos más claros del problema, debido a la incidencia del precio de los combustibles en el traslado de pacientes que necesitan concurrir periódicamente a sus tratamientos.