Colonia Victoria: trabajaba 12 horas cosechando naranjas y cobraba apenas $15.000 por día
Un crudo testimonio puso en evidencia la situación que habría atravesado un joven trabajador rural de 21 años en un establecimiento dedicado a la cosecha de naranjas en Colonia Victoria. El hombre denunció que cumplía jornadas de hasta doce horas diarias por una remuneración que apenas alcanzaba los $15.000, una cifra que genera preocupación frente a la cantidad de horas y el esfuerzo físico que demanda la actividad.
Según relató en su exposición realizada el miércoles, había comenzado a trabajar durante la segunda semana de octubre bajo las órdenes del productor citrícola Ricardo Ranger. Su jornada arrancaba a las 6 de la mañana y se extendía hasta las 18, dedicado a la recolección de cítricos.
Por cada unidad de recolección, aseguró que recibía $400, lo que le permitía reunir aproximadamente $15.000 al finalizar el día. En otras palabras, debía permanecer doce horas trabajando bajo esas condiciones para obtener esa remuneración, equivalente a unos $1.250 por hora.
Pero el reclamo del joven no se limitó al bajo pago. También describió condiciones de trabajo que consideró preocupantes: afirmó que no recibía alimentación durante la jornada y que debía realizar sus tareas sin los elementos de seguridad indispensables.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de su relato fue el riesgo al que estaba expuesto al ingresar en sectores con abundantes pastizales, donde podía encontrarse con víboras. Según manifestó, no contaba siquiera con botas de protección ni con otros equipos adecuados para prevenir accidentes.
Doce horas de esfuerzo físico, exposición a riesgos y apenas $15.000 por día. El testimonio vuelve a poner sobre la mesa una problemática sensible: el valor del trabajo rural, las remuneraciones que reciben quienes realizan las tareas más exigentes y las condiciones mínimas que deben garantizarse a los trabajadores del sector.
La situación denunciada plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en los establecimientos rurales, y pone de relieve la necesidad de que los organismos competentes intervengan para verificar las condiciones en las que se desarrolla la actividad.